Contracorriente: una lectura a la Reforma Política 

Por Ramón Elejalde Arbeláez

La reforma política o la reforma Petro que llaman otros, es sinceramente, o la repetición de viejas propuestas que no han calado en la opinión pública o que siendo un clamor ciudadano el Congreso no ha querido tramitar porque les cercena privilegios a sus integrantes.  

Lo más novedoso, aunque ya se había intentado desde 1996, es permitirles a los parlamentarios que puedan ser designados ministros en el gobierno de turno. Recuerdo que, en ese año, en el séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara y ante la presencia de un quórum muy precario, una iniciativa semejante fue hundida con mi voto negativo. Voto que me valió el castigo de no ser elegido, como estaba acordado, como presidente de la Cámara de Representantes para la legislatura siguiente. Era una especie de caramelo que le entregaba el presidente Ernesto Samper a algunos de sus allegados en el parlamento. Ayer, como hoy, considero que en un régimen presidencial no es recomendable el nombramiento de congresistas como ministros. Es de las mermeladas más exquisitas y apetecibles que puede recibir alguien que fue elegido para discutir leyes y actos legislativos y no para gobernar o cogobernar. Esta figura es muy propia y se acomoda perfectamente a los regímenes parlamentarios. En ellos si es bienvenida esta designación. De hecho, casi todos los ministros de un sistema de gobierno parlamentario son surgidos del parlamento. 

Las listas cerradas y paritarias son otro de los puntos claves de la reforma. La politiquería, los altos costos de las campañas y la rapiña interna entre los integrantes de una misma lista, hacen que muchos, que defendíamos el voto preferente, hoy tengamos una posición completamente distinta. Los candidatos para vencer por un candidato no son los de partidos contrarios, sino a sus propios compañeros de aspiración. Eso ha elevado los costos de campaña y cada aspirante de una lista es como si fuera un partido o un movimiento aparte e independiente. La propuesta tiene sus debilidades: Si no se toman medidas democráticas para confeccionar las listas, estaremos regresando al famoso bolígrafo de los jefes o dueños de las divisas. Los congresistas antiguos van a querer garantizar su presencia en los primeros lugares de las listas cerradas, para elecciones futuras y allí si estuviéramos terminando en el peor de los mundos. 

La financiación total de las campañas parlamentarias y presidenciales por parte del Estado sería una buena decisión, pero en un país de tramposos estas decisiones terminan siendo nugatorias o inaplicables o motivo de burla. Es una buena idea, pero con controles exigentes y no en manos de un Consejo Nacional Electoral politizado, donde sus integrantes representan a colectividades políticas.   

Una propuesta polémica de la reforma es la posibilidad de suprimirle a la Procuraduría General de la Nación la potestad de sancionar con la destitución a servidores públicos de elección popular. Esto pondría a tono nuestra legislación con la Carta Interamericana de Derechos Humanos al disponer que solo los jueces pueden privar de un cargo a alguien elegido popularmente.