Contracorriente: Preguntas obvias para el grupo Aval y las EPS

Por Ramón Elejalde Arbelaéz 

La sucesión vertiginosa de hechos en Colombia es de tal tamaño, que en el ambiente quedan preguntas tan obvias que muchas veces los medios, la mayoría tan parcializados y la gente, no tienen la oportunidad o el discernimiento lógico para hacérselas y darlas a conocer. Pareciera que el hecho nuevo que tapa al anterior no dejara reflexionar tranquilamente sobre los asuntos que rodean a cada escándalo. Yo, por lo menos, me hago dos preguntas sobre dos temas diferentes, pero muy de moda hoy en el país:  

1-Lo que nos deja a los colombianos la multa impuesta por autoridades norteamericanas al Grupo Aval y su filial Corficolombiana por el hecho de haber pagado coimas en Colombia por más de 28 millones de dólares, algo así como ciento doce mil millones de pesos y que según dicen las autoridades gringas lo hicieron para acceder al contrato de la vía denominada Ruta del Sol II.  De todo ese dinero repartido en Colombia han aparecido los 6.5 millones de dólares entregados al viceministro del Transporte del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales.  

Sobre el hecho anterior va mi obvia pegunta: ¿Por qué el Grupo Aval y Corficolombiana no le dice a Colombia los restantes 21,5 millones de dólares, es decir los otros ochenta y seis mil millones de pesos, a quien se los entregaron? Es apenas razonable inferir que, si pagaron tamaña fortuna en recompensas para obtener un contrato, sus dueños y administradores tienen que saber a quién se los entregaron. Tan astronómica suma de dinero no se envía en tulas a personas desconocidas y no es una disposición que pueda tomar el portero del edificio.   

Tiene la obligación jurídica y moral el Grupo Aval de decirles a las autoridades colombiana lo que ya le reconoció a las autoridades norteamericanas y/o las autoridades nuestras están en la obligación legal de iniciar las acciones penales a que dan lugar estos silencios delictivos. Pero, además, no puede ser que la colaboración judicial de Colombia y Estados Unidos sea en una sola vía. Es bueno enviar narcotraficantes para ser juzgados en el país del norte, pero también es saludable que la justicia colombiana se entere de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se realizaron crímenes cometidos en Colombia y que ellos, los estadounidenses, compartan lo que ya saben sobre el tema. Estados Unidos también tiene una obligación moral de informarle a nuestro país lo que conoció de la corrupción de Odebrecht. 

2- Las EPS Compensar, Sura y Sanitas, tal vez las más grandes de estas prestadoras del servicio de salud, le han dicho al Ministerio del ramo que: “El valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que reconoce el Estado por cada uno de los afiliados al sistema general de salud, para cubrir las prestaciones del plan de beneficios en salud a los regímenes contributivo y subsidiado) es insuficiente para atender el plan de beneficios en salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue un insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7% (según Estudio de Suficiencia de la UPC – Universidad EAFIT)”. A ese reclamo respondió el presidente Gustavo Petro que “la crisis no es cierta y que, por el contrario, el Gobierno decidió elevar el valor de Unidad de Captación. (—) Este aumento fue del 16.2 % para este año, una cifra superior a la inflación del país. También reiteró que el presupuesto a la salud creció en un 25 % en este año”. Aquí viene mi segunda pregunta: Si están perdiendo plata, si la que les entrega el Estado es insuficiente, si van a tener que suspender servicios a partir del próximo mes de septiembre, ¿cuál el empeño en impedir a toda costa la reforma a la salud que propone el Gobierno, que se sustenta especialmente en la supresión o transformación de las EPS? 

Las EPS, sus dueños, sus beneficiarios políticos, los grandes medios de comunicación, que han defendido con ardentía y pasión a las inútiles EPS, que no son más que costosas intermediarias del sistema de salud, deberían reflexionar un poco para permitir una reforma que finalmente salve de la hecatombe un sistema costoso y pésimo, salvo para el que prepaga su salud, es decir para el que tiene solvencia económica.