Por Ramón Elejalde Arbeláez (foto)
La Comisión Séptima del Senado, brindará el día 14 de los corrientes en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, espacios para aportar al debate que hay planteado en Colombia sobre la necesidad de descentralizar recursos y funciones, tan asfixiantemente centralizados en Bogotá, como que realizará la Tercera Audiencia Pública de Regiones Autonómicas “Una salida para el Desarrollo, la Riqueza y la Paz en Colombia”. En el problema estamos todos absolutamente identificados. En las soluciones existen diferentes propuestas, muy disímiles, por cierto.
El planteamiento inicial de la célula parlamentaria plantea la regionalización, entiendo que algo parecido a lo existente en España y que en mi sentir es realmente muy exótico y radical para Colombia. El día que se aprueben las regiones y la supresión de departamentos, será troya y volveremos a la violencia del siglo XIX, a no dudarlo. Nadie aceptará que le desaparezcan a su departamento, salvo que a todos los conviertan en regiones, en cuyo caso lo único que se hizo fue cambiar de nombre a las entidades territoriales. Los problemas españoles son sui géneris y de lejos parecidos a los nuestros. Importar soluciones ajenas son errores costosos en vidas y en tranquilidad.
La propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón, aun no escrita ni planteada técnicamente, es una especie de descentralización fiscal o entrega de dineros en mayor cantidad a los departamentos. Es decir que el centralismo ya no sea en Bogotá, sino en las 32 capitales de departamentos. Ya los mil ciento un municipio no peregrinarían a Bogotá a pedir recursos para sus obras, sino que lo harían a las 32 ciudades capitales. ¡Bendita gracia!
Respetado gobernador. La solución es distinta. Debemos volver a los orígenes de la Constitución de 1991 cuando estableció en los artículos 356 y 357 el situado fiscal y dispuso transferencias crecientes anualmente hasta llegar al 47 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), destinados a salud, agua potable, saneamiento básico y educación. El primer zarpazo a la Constitución de 1991 se le dio en el gobierno del Andrés Pastrana, cuando se promovió el Acto Legislativo 01 del 2002 que creó el Sistema General de Participación “indexando el incremento de las transferencias acorde con el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) y desligándolo de los Ingresos Corrientes de la Nación con grave detrimento para las entidades territoriales” (“La Inaplazable reforma del SGP” Amylkar D. Acosta M.). Esta fue una transformación transitoria, que, como todo en Colombia, quedó permanente con una reforma que se introdujo en el gobierno de Álvaro Uribe y que fue el golpe definitivo a las finanzas municipales y que quedó contenida en el Acto Legislativo 04 del año 2007.
Sabe Usted amable lector el 47 % de lo Ingresos Corrientes de la Nación que anualmente serían girados a los municipios de Colombia en cuánto quedaron a partir del año 2001 hasta hoy? En el 20 %. Según un estudio del Banco de la República, citado por Amylkar Acosta en el artículo ya citado, los municipios de Colombia, por culpa de esas dos reformas constitucionales han dejado de recibir la no despreciable suma de 387.953.907 millones de pesos a diciembre de 2018.
Señores senadores, señor gobernador: la reforma es muy fácil, debemos volver a los orígenes de la Constitución de 1991 y convertir a nuestros municipios en verdaderos motores de desarrollo y no en menesterosos expertos en “rodillología” implorando migajas en una o en treinta y dos capitales.
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