Contracorriente: La policía a cuarentena

Por Ramón Elejalde Arbeláez

Los días ocho y nueve de septiembre son fechas que la sociedad colombiana recordarán con gran tristeza y que seguramente partirán la historia de nuestra Policía en un antes y un después. No es fácil que quienes respetamos y acatamos a nuestro Estado de Derecho y a la institucionalidad, asimilemos lo que en esos días sucedió: primero fue la muerte violenta de Javier Ordoñez, un estudiante de derecho que perdió su vida después de recibir descargas eléctricas y una fuerte golpiza por parte, por lo menos, de dos agentes de la policía y luego, frente a las protestas que este hecho originó, el asesinato de diez personas y las heridas de setenta más, a manos, supuestamente, de armas oficiales.

Tengo particular aprecio por la Institución de la Policía, con ellos he trabajado en distintas ocasiones de mi vida y siempre, absolutamente siempre, he contado con su apoyo y disposición para hacer patria. Ninguno de sus oficiales, suboficiales o agentes pueden indicarme un solo hecho hostil hacia la institución, salvo casos puntuales del desvío de alguno de sus integrantes. Estas circunstancias no obstan para que hoy me pregunte extrañado ¿qué está pasando con nuestra Policía?

El video conocido, las informaciones de prensa y de los testigos y el informe de Medicina Legal sobre el suplicio y muerte de Ordóñez, dejan ver un ensañamiento, una intencionalidad de causar daño y una violencia extraña a la misión policial. No podemos negar que esos hechos producen en primer lugar indignación, pero en segundo lugar mucho temor por la calidad de personas que están encargadas de velar por nuestra seguridad. Nada justifica lo sucedido. Por el contrario, afirmar que el comportamiento habitual de Ordóñez contra la Policía los tenía prevenidos, es una explicación que deja entrever los deseos de causarle daño y actuar con la sevicia que lo hicieron. Dispararles a manifestantes o a transeúntes cercanos a estos, tampoco es misión policial frente a las protestas. Eso de escalar la violencia por parte del Estado, que es el llamado a preservar la vida de los ciudadanos, es una provocación injustificada a toda la sociedad.

Estos hechos nos hacen quedar mal internacionalmente, van generando un caldo de cultivos peligroso para la estabilidad de las instituciones y producen mucha desconfianza entre el pueblo.

Algo está fallando en la selección policial o en la formación de los mismos o, lo que es peor, la cadena de mando está dando instrucciones violentas y peligrosas. Se deben investigar las denuncias, suficientemente documentadas en abundantes videos que circulan en las redes sociales. El ministro de la Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo, no puede desmontarse olímpicamente del tema, lo tiene que afrontar con entereza y firmeza y atinar en las soluciones.

Decir que las manifestaciones del nueve y diez de septiembre fueron el producto de un trabajo organizado del EPL y otros grupos subversivos, es reconocerles un valor y una importancia que no tienen en Bogotá. Es posible que simpatizantes o pequeñas células subversivas se hayan hecho presentes en las protestas, pero creer que toda esa gente obedece a esos mandatos, es una ingenuidad.

Con serenidad, pulso firme y decisión, el Gobierno tiene que enfrentar lo sucediendo en la Policía, salvo que quieran quedar ante la opinión pública y la comunidad internacional, como unos cómplices. La Fiscalía cuenta con suficiente material probatorio para que concluya felizmente las investigaciones que son menester.