Comienza la pesadilla de Odebrecht para Oscar Iván Zuluaga y su hijo David

@OIZuluaga

La Fiscalía General de la Nación les formulará cargos al excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David, lo mismo que a la exministra Cecilia Álvarez, por el caso de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.

Luego de una larga investigación, la Fiscalía logró reunir las pruebas para adelantar la imputación de cargos a las tres personas mencionadas.

En su comunicado, la Fiscalía informó que: “En atención al abundante material de pruebas obtenido”, se comprobó que durante la campaña política que lideró el político de derecha recibió un aporte aproximado de 1′610.000 dólares por cuenta de la compañía extranjera.

Dice que hubo varias reuniones entre Oscar Iván Zuluaga y Eleuberto Antonio Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia, en el apartamento del excandidato en Bogotá, en el 2014.

“Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extrajeras para campañas electorales”, explicó la Fiscalía y agregó que con lo anterior se puede determinar que Zuluaga tenía conocimiento de los aportes ilícitos que habrían entrado para su campaña presidencial y que fueron omitidos en la rendición de cuenta que debían presentar ante el Consejo Nación Electoral (CNE).

En cuanto al hijo del político, teniendo en cuenta lo anterior y su papel en la campaña, sus funciones habrían sido fundamentales en el ocultamiento de la entrada del dinero a la campaña electoral y es por esto que ambos deberán responder por los delitos de falsedad en documentos privados, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

En cuanto a la exministra Álvarez, su relación con el ‘caso Odebrecht’ radica en que entre el 2012 y 2014, cuando ejercía su cargo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, mediante una resolución desde la cartera de Transporte, favoreció los intereses de la multinacional permitiendo que bajo la concesión de la Ruta del Sol se instalaran dos nuevas estaciones de peajes y se subiera el cobro a cinco estaciones que ya estaban en funcionamiento sin previo estudio o aval de otras entidades importantes en el proceso como el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y el Consejo Nacional de Política Económica (Conpes).

“Es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa-Glen participar en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal”, agrega el ente, que finalmente determina que la exfuncionaria deberá responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Finalmente, la Fiscalía explicó que en el caso de Gina Parody se decidió archivar el caso por las acusaciones que la relacionaban con el caso debido a que al valorar los elementos probatorios no se encontró ningún tipo de prueba que pudiera relacionarla con un delito de interés ilícitos en la celebración de contratos, pues, cuando fungió como ministra de Educación en su cargo no tenía poder alguno sobre las contrataciones que estaba haciendo el Gobierno en cuanto a la construcción de la Ruta del Sol ni relación alguna con el objetivo que tenía este proyecto.