La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y su funcionamiento es el componente esencial para aplicar justicia a los responsables y disponer reparaciones para las víctimas
Por Diego García Sayan
El País de Madrid.
Panorama nada simple y, por cierto, con escollos y complejidades; digamos que lo propio de una transición luego de más de 50 años de conflicto en Colombia. En ese contexto era meritorio lo que parecía ser un compromiso del Gobierno de Iván Duque de no trabar la continuidad del proceso de paz, aunque sí —comprensiblemente— darle un “toque” en un par de aspectos puntuales.
Me referí a este asunto, en esta columna, días antes de la inauguración del Gobierno del presidente Duque (¿Colombia hará trizas el acuerdo de paz?, 27/7/18). Critiqué las previsiones catastrofistas de que el nuevo Gobierno haría “trizas” los acuerdos. El presidente electo señalaba que, de haber ajustes, estos se harían siguiendo el curso institucional regular. Ninguno de los ajustes, además, afectaba al “corazón” de los acuerdos, cuya esencia, además, había quedado incorporada en la propia Constitución (2017). El suelo, pues, parecía estar tranquilo. (Lea el informe).
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