Benedetti recusó a la magistrada Cristina Lombana… 

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• Armando Benedetti le pidió a la Corte Suprema suspender su caso por enriquecimiento ilícito y le informó que recusó a la magistrada que lo estaba investigando. 

La Corte Suprema de Justicia le sigue un proceso al senador Benedetti por enriquecimiento ilícito, con base en un informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, según el cual el congresista Armando Benedetti debe justificar cerca de 3 mil millones de pesos que “no provienen de su actividad económica, desde el año 2002 hasta el 2018; por lo que está siendo señalado por presunto incremento de su patrimonio sin justificación y enriquecimiento ilícito”. 

La Corte Suprema de Justicia citó a Benedetti al despacho de la magistrada investigadora Cristina Lombana, el pasado viernes 1 de abril, pero, la diligencia fue aplazada porque el abogado del senador pidió que se revisen los documentos que prueban su inocencia.  

Según la defensa y el congresista, desde el 10 de diciembre de 2021 se le solicitó a la magistrada varias pruebas que, supuestamente, no se han presentado. Además, denunció que Lombana ha guardado silencio ante dichas solicitudes y estaría violando las garantías procesales de su defendido. 

Según la corte, el proceso se inicia porque Benedetti, jefe de debate de Petro, en su declaración de renta ante la DIAN, registró que su única actividad económica y sus recursos provienen de su trabajo como senador de la República.    

Pero de acuerdo con el despacho de Cristina Lombana, cuando se realiza el cruce de gastos, inversiones, compras y demás cargos, la suma del dinero recaudado no es proporcional.   

“A partir del análisis del flujo de efectivo real del señor Armando Benedetti tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica. Armando Benedetti reportó que su única actividad económica es la de asalariado”, según la corte, estos recursos no están justificados desde el año 2002.   

Como se recuerda, al senador se le cuestiona la compra de un apartamento, en el barrio El Retiro, en Bogotá, por $1.600 millones de pesos en el 2010. Para la corte no hay justificación de $519 millones de la deuda total.    

Para la fecha Benedetti habría insistido en errores del reporte y que Ruby Corredor, la comunicadora detenida e investigada por este mismo caso, fue quien compró el apartamento y luego se lo vendió al senador.   

Los documentos que Benedetti dice haber presentado son certificados sobre la trazabilidad bancaria de sus cuentas, préstamos y cheques de gerencia que, según él, soportan sus ingresos.  

Aseguró que el informe judicial en manos de la magistrada Lombana tendría grandes errores, porque al parecer no cuenta con los ingresos del senador que no son por concepto de su salario desde 2004, como las cesantías, la reposición de votos, préstamos bancarios y de otro tipo, arriendos y dineros del  

“Como quiera que el proceso penal adelantado en contra del actor se halla en curso, pues obsérvese que no se ha dictado la sentencia que debe decidirla, y ni siquiera se ha calificado el sumario ya sea con decisión de preclusión o resolución de acusación” 

Por esto, Armando Benedetti se manifestó en su cuenta de Twitter, señalando que espera que la Corte proteja sus derechos: 

“He hecho una petición en mi caso que lo suspende hasta que las pruebas de mi inocencia sean aprobadas. Recusé a la investigadora Cristina Lombana, al ignorar por más de 3 meses las pruebas de mi defensa. Los términos se le vencieron, tengo fe que la Corte velará por mis garantías”. 

Hace unos días, el senador estuvo en una entrevista con Semana donde aseguró: “lo que la magistrada trata de demostrar, o en un informe dice que yo tengo que demostrar de dónde salieron 3 mil millones de pesos, pero, ojo, son tres mil millones de pesos en 18 años. Muchos medios hablan como si se hubieran consignado eso y que tengo que demostrar de donde es”. 

El congresista ya había rendido una indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito el 28 de marzo del año pasado; pero, la Corte Suprema lo volvió a llamar para la ampliación de indagatoria, pero, por el delito de lavado de activos.  

La diligencia se iba a adelantar el 30 de marzo, pero se reprogramó para el 6 de abril. Aunque de nuevo, la audiencia tendrá que ser reprogramada por la recusación que presentó la defensa ante la magistrada Cristina Lombana. 

“Sin duda en el proceso se ha actuado. Pero no se ha actuado respecto de la petición de pruebas de la defensa, la constatación de citas y la obligación ineludible de investigación integral que no le es posible eludir a la magistrada investigadora. En cinco oportunidades se ha reiterado que se decida la petición de pruebas, incluso desistimos de una acción de tutela que presentó mi anterior defensor, indicando que lo que se pedía en el amparo constitucional, debía resolverse en el proceso penal”, señala el documento presentado ante la Corte. (Con datos de Pulzo e Infobae).