Batiscafo: De vacas, valorizaciones y plusvalía.

Por Jorge Gómez Gallego

Escoger entre vacas y cobro de valorización para la financiación de obras de infraestructura, es la nueva disyuntiva en que han metido al país las cabezas de las dos vertientes en que se ha insistido en fracturar al país, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, ignorando y tratando de borrar la existencia real de otras alternativas.

Para la financiación de las obras viales se optó, desde los albores del bienvenidos al futuro de César Gaviria, por el mecanismo de las concesiones. En teoría, y solo en teoría, el modelo consiste en que unos inversionistas “financian” las obras y el Estado las paga en el largo plazo con el cobro de peajes y con el presupuesto nacional mediante vigencias futuras.

No se puede negar que se ha avanzado en la ejecución de una red vial más moderna y que en muchos sectores se ha mejorado la movilidad, pero lo que se ha ocultado celosamente, es que han sido financiados fundamentalmente con recursos públicos; el denominado Capex, o inversión de capital de los “financiadores”, se forma principalmente con créditos obtenidos con el sector financiero, dueño, socio o prestamista de los concesionarios, créditos a los que se les reconoce su tasa de interés y que se amortizan con recaudo de peajes y vigencias futuras del presupuesto nacional.

Por ejemplo, en la Concesión Pacífico 1, el concesionario Covipacífico, solamente aporta el 17% de la inversión, como aporte de capital propio, pero eso sí, recibe tasa de retorno del 14% sobre toda la inversión, incluso la que pagamos los colombianos vía presupuesto nacional y peajes. Casi que lo que invierten de su propio bolsillo, corresponde a la tasa de ganancia, lo que hace que en realidad la utilidad sobre la verdadera inversión se acerque al 100% de ella. Mecanismo de fábula para los comisionistas modernos.

El gobierno del “cambio” ha anunciado la intención de desviar las vigencias futuras comprometidas y pactadas para este negocio hacia otros asuntos; ante el rechazo de los creadores del modelo y la imposibilidad de romper abruptamente los contratos, al presidente Petro se le ha ocurrido la “genialidad” de cobrar valorización por estas obras, claro está, para pagarle a los poderosos concesionarios.

Pero, ¿y en qué consiste la valorización?, pues es el cobro de una porción del mayor valor obtenido por los propietarios de los predios vecinos de una obra pública y como efecto de ella. Y eso suena aparentemente bien, si alguien se beneficia de una inversión del Estado, es lógico que retribuya parte de ese beneficio. El asunto deja de ser tan claro cuándo se cuantifica el beneficio y se define en qué momento y a quién se le cobra.

En primer lugar, porque los propietarios que residen en los inmuebles o ejercen en ellos una actividad productiva, antes que beneficio, lo que reciben es una afectación negativa. Veamos, si su bien se valoriza, probablemente le subirán el estrato, el impuesto predial, la tarifa de los servicios públicos. Y si la vende para “ganarse” la valorización, tiene que adquirir otra propiedad de iguales o similares características y tendrá que pagar por ella un importe también valorizado. Es decir, NADA SE GANA Y PIERDE MUCHO.

¿Y el que tiene allí una unidad productiva industrial o agropecuaria? Con seguridad, además de un mayor impuesto predial, tendrá que incorporar a sus costos de producción un activo de mayor valor, que claro está, afectará su P&G.

Quien gana dinero como resultado de una intervención del Estado, sin ningún esfuerzo, actividad creativa o productiva propia, debe retornar parte de lo obtenido a la sociedad, pero algo que nadie podrá discutir, es que ese cobro no debe ser generalizado ni anticipado, en virtud, entre otras cosas, que calcularlo previamente puede ser un asunto más de la adivinación que de la ciencia económica. Para lograr esa solución ecuánime y justa, se inventó un impuesto, que prácticamente se cobra, con diferentes denominaciones, en todos los países de economía de mercado del mundo: la plusvalía.

La plusvalía es un impuesto que solo se cobra, cuando el propietario del bien valorizado obtiene el beneficio, cuando lo vende, cuando le cambia el uso para adelantar algún proyecto, en resumen, cuando se gana la plata.

Pero en Colombia, el recaudo de la plusvalía, creada por la Ley 388 de 1977, es atribución exclusiva de los municipios, aunque muy pocos la cobran. Si el doctor Petro quiere cobrar el beneficio, que seguramente algunos han recibido, o recibirán por las vías concesionadas, debe promover un proyecto de ley que permita que la Nación, e incluso los Departamentos, puedan acceder a él. Proponer el cobro de valorización no pasa de ser parte de un discurso populista “anti-ricos”.

La otra cara de la moneda, es la vaca propuesta por el expresidente Uribe e implementada por el Gobernador uribista de Antioquia. Al respecto recordemos que las obras públicas en el mundo capitalista, se hacen con recursos del Estado, obtenidos mediante tributos, o con créditos pagaderos con tributos. Las vacas o colectas son propias de sociedades premodernas en las que la salud se atendía con colectas caritativas, la infraestructura con convites, “cantarillas” o mingas.

Lo segundo es que la tal vaca, para obtener un billón de pesos, tiene como meta apenas la tercera parte de lo que costaría el faltante para las vías 4G en Antioquia, estimado en $ 3 billones, pero, además, económicamente, está destinada al fracaso. Al momento de escribir estas reflexiones ya iban 14 días de recaudo y solo se había logrado llegar al 0,4% de la meta, ¡el 4 por mil!, si hacemos una regla de tres simple, a ese ritmo se necesitarían 3.000 días, 8 años largos, para lograr el objetivo.

Lo que muchos han cubierto de elogios, calificándolo como una genialidad del expresidente, no pasa de ser un fuego fatuo, un pretexto para radicalizar las fuerzas más uribistas, estratagema muy usada y conocida por él y de la que ha aprendido bastante el actual mandatario.

En resumen, con vacas no se hacen obras de envergadura, si acaso se arreglan caminos veredales y su promoción en este caso, no pasa de ser una maniobra politiquera. Pero con valorización no se deben pagar, y aunque es una fuente fácil de recursos, es un mecanismo altamente cuestionable: se trata de algo así como cobrarle el impuesto a la ganancia ocasional a quien juega al chance sin ganárselo, pero peor aún, termina perjudicando a productores y propietarios que usan sus predios como valor de uso y no como mercancía.

Existe un camino diferente a los que proponen Petro y Uribe, modificar la Ley 388 de 1977, para que la plusvalía la puedan recaudar los Departamentos y la Nación. De esa forma podemos decirle no a la valorización arbitraria y aparentemente anti-ricos de Petro y a las vacas de escasísima leche y mucha bulla regionalista y contenido politiquero de Uribe.

*Excongresista y exdiputado de Antioquia.