@Hidroituango @EPMEstamosahi
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, el exgerente del Idea, Alvaro Vásquez y el exgerente de EPM y actual rector de la Universidad de Medellín, se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía. (foto de los tres).
Con este trino, la Fiscalía anunció la noticia:
“#ATENCIÓN | Fiscalía imputó al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y a otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en la contratación de Hidroituango. Presuntamente ejecutaron un proceso de contratación directa con EPM que habría vulnerado varios principios esenciales”.
Tal como lo había anunciado el fiscal Francisco Barbosa, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos este martes al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; el exgerente de EPM, Federico Restrepo; y al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez, por la presunta celebración indebida de contratos, en el proceso que se abrió desde julio pasado por Hidroituango, y la investigación adelantada por la Contraloría General.
En la audiencia de este 9 de agosto, la Fiscalía responsabilizó a esos tres exfuncionarios de haber favorecido a EPM en 2011 cuando se estructuró la firma del contrato tipo Boomt (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) con el que esa entidad se quedó directamente con las obras de la hidroeléctrica, sin licitación alguna.
Pese a ser EPM una entidad del conglomerado público de Medellín, la conducta de Salazar, Restrepo y Vásquez les habría ocasionado daños a los intereses del Estado y se habría configurado en beneficio de un interés particular, manifestó el ente de control.
Según el informe enviado por la Fiscalía, «en la investigación se conoció que los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado BOOMT (construcción, operación, posesión, mantenimiento y transferencia final por sus siglas en inglés), el 30 de marzo de 2011, que habría desconocido los principios de buena fecontractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva».
Agregó el ente acusador, que el proceso de selección fue cambiado y pasó de ser una invitación internacional a una contratación directa con EPM. La decisión, según la Fiscalía, habría obedecido a un criterio regional que buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia.
«La evidencia indica que se realizó la negociación con EPM para se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica», agregó la Fiscalía.
Es por lo anterior por lo que, presuntamente, se incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el Manual de Contratación.
“(…) el material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia”, expresó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Mauricio Pava Lugo, abogado del exalcalde Salazar y el exgerente Restrepo, señaló que sus representados no comparten la teoría de la Fiscalía y aseguró tener el material suficiente para probar la inocencia de ambos.
“No coincidimos con esta visión y tenemos toda tranquilidad para comparecer frente al juez y demostrar actuaciones transparentes, coherentes. Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y adecuado ejercicio del poder punitivo”, expresó Pava.
Tal como lo había anticipado el fiscal general Francisco Barbosa a finales de julio pasado, el caso abierto por Hidroituango está dividido en tres frentes principales.
Por un lado, el ente busca establecer la responsabilidad por los daños que, a su juicio, fueron causados al Estado y otros terceros por la forma en cómo se adjudicaron las obras en 2011 a EPM.
En segundo lugar, la Fiscalía también busca dar con los responsables detrás de la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que colapsó en 2018 y fue iniciado presuntamente sin contar con los permisos ambientales, según se advirtió en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
En tercer lugar, por la construcción de este último túnel, la Fiscalía también plantea que la contratación que lo respaldó habría tenido múltiples irregularidades, que irían desde la presunta falta de estudios geológicos suficientes, deficiencias en los diseños, entre otros problemas.
Además de Salazar, Restrepo y Vásquez, en el caso también está implicado el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y otros cinco funcionarios de nivel técnico. (Con datos de la Fiscalía y El Colombiano).
Escuche el audio 1 de la Fiscalía General:
Escuche el otro audio de la Fiscalía General:
Más historias
Sentencia absolutoria sobre Hidroituango favorece a otros implicados
¿De qué depende el encendido de Hidroituango?
El monitoreo de EPM sobre Hidroituango garantiza seguridad y tranquilidad