Alminar: Traiciones a la patria

Por José León Jaramillo Jaramillo

leonjaramillo53@gmail.com

El Ejército de Colombia es reconocido por la mayoría de los ejércitos del mundo, por su seriedad, profesionalismo, preparación, competencia, apego al derecho y capacidad de combate. Sus éxitos han trascendido las fronteras y sus operaciones militares y de inteligencia se estudian actualmente en las mejores academias militares del mundo, sin que podamos olvidar que muchos ejércitos, entre ellos ocho ejércitos de las Américas, cursan permanentemente, en la base de Tolemaida, distintos programas de formación militar, como el de Lanceros.

La operación “Bastón”, como se ha debido informar, es la inequívoca demostración de que el Ejército está haciendo el máximo esfuerzo, por erradicar de raíz las aisladas fuentes de corrupción que, desafortunadamente, han permeado la credibilidad, la confianza y la integridad de la institución, ello de la mano de la Justicia Penal Militar, de la Fiscalía, de su Oficina de Control Interno Disciplinario y de la Procuraduría, pero, lamentablemente, esa operación nos fue develada por los tradicionales mercaderes de la información, pero presentándonosla en forma desfigurada, con los malévolos propósitos de desprestigiar a las fuerzas y de sembrar en la opinión pública, las falsas ideas de que en ellas prima la deslealtad y cunde la corrupción, sobre todo en sus más altas jerarquías. Nada más injusto.

Esta exitosa operación, la operación “Bastón”, estaba protegida por la reserva, pero un grupúsculo de desleales y traidores, que lamentablemente pertenecen a la institución castrense, decidió develársela a los medios, no solo para dar al traste con ella y perseguir inconfesables resultados políticos, sino, adicionalmente, para ocultar sus faltas, cometiendo con ello otras de mayor gravedad, porque comprometieron, además del éxito de la investigación, el honor, la dignidad y la lealtad de la institución, valores inviolables en un ejército.

Dentro de los hallazgos descubiertos por la operación “Bastón” y no por los enemigos del Ejército ni por los mercaderes de la información, he de resaltar el que desenmascara a un General, presuntamente incurso en el delito de traición a la Patria, por traficar información sobre las operaciones militares, para beneficiar a las guerrillas y de paso lucrarse con su felonía. Esto, de ser cierto, no solo es lamentable sino inconcebible.  En igual sentido en la controvertida y desfigurada novela que en la actualidad narra la vida de un General de la Policía, encumbrado por la publicidad y la propaganda política, para resaltarle artificiales méritos, al parecer, con fines políticos; se afirma, sin reato, que un supuesto Capitán de la Policía de apellido “Tobón”, le vendía información a Pablo Escobar Gaviria, para que pudiera asesinar a los miembros de la Policía Nacional o del Bloque de Búsqueda, que operaban, en aquel entonces, en la ciudad de Medellín. Lo que nos hace preguntarnos: ¿Qué vale un soldado sin honor?

La traición a la patria es promovida igualmente por los políticos que se aliaron con los violentos y por los medios de comunicación, contemporizadores con las fuerzas del mal, para tratar de conquistar el poder político de la nación. Eso es lo que está sucediendo en Colombia.

Un congreso infestado de guerrilleros y de corruptos, quienes, guiados por el inmoral y criminal principio, el de aplicar todos los medios y todas las formas del lucha, para convertir a nuestra Colombia en tierra estéril, fallida, degradada y degradante, como convirtieron Chávez, Maduro y sus secuaces, de igual manera, a la hermana República de Venezuela, con la estrecha colaboración de los Castros, de los chinos y de los rusos, interesados únicamente, estos últimos, en aprovecharse indebidamente de sus recursos y en desestabilizar a las Américas, para alcanzar sus metas expansionistas.

Que daño tan grande el que le hizo Juan Manuel Santos Calderón al Ejército Nacional, al involucrar a algunos de sus comandantes en el muy corrupto y mal llamado proceso de paz, pues acabó con la moral de las fuerzas armadas, a la vez que las puso a debatir, a controvertir sobre la politiquería colombiana, dando así al traste con la solidaridad de cuerpo y la con lealtad que en ellas nunca se había resquebrajado y que les es indispensable para el cumplimiento de sus misiones constitucionales.

Compartimos plenamente lo que afirmó el doctor Ramón Elejalde Arbeláez, en su columna de este año, titulada “Queremos soldados, no militantes”:  “Llevar a los cuarteles la disputa partidista es un craso error. Un ejército parcializado y politizado es una desgracia para la democracia…al ejército venezolano el presidente Hugo Chávez le otorgó el derecho a votar y de inmediato el pueblo de ese país perdió un árbitro de su destino. Hoy esos ejércitos son el sostén de una dictadura y el muro que le impide al pueblo ejercer la democracia libremente. La tragedia venezolana nos debe servir de espejo para no cometer semejante desafuero.” Y yo agregaría que esos mal llamados ejércitos, al abandonar su verdadera misión y voltear sus armas en contra del pueblo y en beneficio de una nación extranjera promotora de tráfico de estupefacientes, dejaron de serlo y se convirtieron, entonces, en grupos armados al servicio del narcotráfico.

Alberto Lleras Camargo, en su famoso discurso pronunciado ante nuestras fuerzas militares, en el TEATRO PATRIA diferenció la política de la milicia, para asegurar que es necesario que las Fuerzas Armadas se mantengan alejadas de la política, cuando afirmó: “…Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas, en función de su disciplina, en sus reglamentos, en su personal. Esas dos invasiones son funestas, pero en ambos casos salen perdiendo las Fuerzas Armadas. El desprestigio que cae sobre todo el gobierno no puede caer sobre una institución armada sin destruirla…La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar entran armadas. No hay mucho peligro en las controversias civiles, cuando la gente está desarmada. Pero si alguien tiene a sus órdenes, para resolver la disputa, cuando ya carezca de argumentos o pierda la paciencia, una ametralladora, un fusil, una compañía o las Fuerzas Armadas, irá a todos los extremos, se volverá más violento, será irrazonable, no buscará el entendimiento sino el aplastamiento, y todo acabará en una batalla. Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes, les ha tributado los soldados, les ha dado los fueros, les ha libertado las reglas que rigen la vida de los civiles, les ha otorgado el privilegio natural de que sean gentes suyas quienes juzguen su conducta, y todo ello con una condición: la de que no entren con todo su peso y su fuerza a caer sobre unos ciudadanos inocentes, por cuenta de los otros«.

Ahora bien, si la traición y la deslealtad son propias de los politiqueros, la lealtad, para con sus superiores y compañeros de armas, es esencial en la vida militar, pues mantiene una unidad que debe ser monolítica y con ello no pretendemos que no se investiguen los delitos de que de acuse a sus miembros, pues somos conscientes de que nuestro Ejército, como nuestras demás instituciones, no escapan a la corrupción y a otros males que aquejan a la sociedad colombiana, pero los hechos delictivos de algunas de sus unidades deben ser investigados por sus jueces naturales, bien por la jurisdicción militar o por la propia fiscalía o disciplinariamente por las fuerzas o por  la procuraduría pero no a través de circos mediáticos, promovidos por mamertos, quienes (al seguir el mandato criminal de Fidel Castro Ruz: “A los que se opongan siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre.”), violentan desde el umbral el derecho constitucional a la presunción de inocencia, para desacreditar a las personas y a las instituciones y fortalecer a los criminales, a quienes las fuerzas deben perseguir, otorgándoles así de contera un trofeo a los gramscianos enemigos de la Patria, que promueven una guerra jurídica de calumnias contra nuestras instituciones más sagradas.

Coletilla: Acertó la Corte Constitucional con el fallo que garantiza el debido proceso del doctor Andrés Felipe Arias Leiva, al disponer que su primera sentencia condenatoria debe ser revisada por otra sala, concediéndosele así a éste el derecho a la doble conformidad, no solo porque esa ha sido la posición clásica de nuestra guardiana de la constitución, sino porque adicionalmente y en el mismo sentido, rezan otras disposiciones que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad (PIDCP Art 9º # 4 y CADH Art 8º literal h)) y que se encontraban vigentes para la época del fallo.  Aplaudo las prudentes declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la vez que lamento la de algunos exmagistrados, llenas de odio y parcialidad en contra del doctor Arias, verdaderas declaraciones de parte. El error es patrimonio de la humanidad y los jueces, aun los de las altas cortes, se equivocan y por ello sus fallos también deben someterse al tamiz de la doble instancia, para corregirlos. Un juez no puede casarse con un fallo ni olvidar, como decía el maestro Carnelutti, que es necesario no ser partes para ser jueces. Cuanta humildad y limpieza de corazón requiere un juez al momento de condenar pues de su “altísima condición de poder, le resulta la necesidad de mostrarse imparcial, de que nunca se le vea en otro campo que en el de la verdad, porque está llamado a ser juez, y como tal debe huir del prejuicio, para librarse de las prevaricaciones”.