Diversos columnistas y comentaristas le han dado como con un tarro a Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, por su actitud frente a la detención del gobernador Aníbal Gaviria.
Y se basan principalmente en su contradicción, pues en una reciente directriz a sus subalternos les decía sobre el propósito de limitar las detenciones solo en los casos que sea estrictamente necesario privar de su libertad al investigado.
El comunicado de Barbosa decía textualmente: “en todos los casos se debe preferir la libertad de la persona mientras se desarrolla el procedimiento, solo en casos excepcionales pueden aplicarse medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.
Y el exmagistrado Guillermo Mejía Mejía cita la sentencia C-774 de 2001 de la Corte Constitucional: “La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción…” o mejor, en palabras del profesor de derecho penal Miguel Ángel Pedraza Jaimes, el riesgo de obstaculización, el riesgo de reiteración o el riesgo de fuga, plantea Mejía.
Una verdadera controversia nacional desató la detención de Aníbal Gaviria. Aquí la reacción de todos los gremios es unánime, e inclusive pagaron un aviso de página en los diarios El Tiempo y El Colombiano que está hoy publicado.
Pero en teleconferencias entre empresarios y dirigentes expresan su malestar e indignación, no solo con el Fiscal General, sino con el presidente Iván Duque.
Aunque hay otras voces que dicen que no es un buen precedente elevar esas expresiones de rebeldía en contra de la institucionalidad…
Tremendo twitter: “Yo pensé que los pobres saldrían a asaltar y robar los supermercados con hambre, pero han sido los políticos los que han salido a robarse el dinero del hambre de los pobres”.
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