Según una ONG «Hasta finales de 2023, más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos habían sido confiscados, cerrados o destruidos por orden del régimen Daniel Ortega Murillo, en un intento de obstaculizar el trabajo del periodismo nicaragüense en la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos».
Señala un informe de ese colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
Según esta ONG, desde abril de 2018 cuando comenzó la rebelión cívica en Nicaragua, periodistas y medios de comunicación del país centroamericano han sido objeto de amenazas, persecución, encarcelamiento, tortura, destierro, desnacionalización y despojo de sus propiedades. De igual manera destacó que el cierre de espacios informativos ha significado un gran desafío para el periodismo nicaragüense.
El colectivo de Derechos Humanos recordó que el diario nicaragüense La Prensa denunció que al menos dos veces la Dirección General de Aduanas de Nicaragua mantuvo embargado por varios meses el papel que necesitaban para imprimir periódicos, y finalmente, en agosto de 2021, el medio de comunicación fue ilegalmente tomado y sus instalaciones robadas.
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