Por Gabriel Zapata Correa
No se detiene la controversia generada por la decisión del alcalde de Medellín Daniel Quintero y el Gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, de demandar por $9,9 billones a constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto Hidroituango, sin haberle hecho un análisis profundo con la junta directiva, lo cual generó su renuncia en bloque. Este es un hecho sin precedentes en los 65 años de historia exitosa de EPM, porque según los analistas dicha decisión pone en riesgo la histórica relación entre la institucionalidad, el sector público y la comunidad.
La situación, en lugar de entrar en un cauce de normalización, tiende a agravarse por las declaraciones del alcalde al diario El Tiempo, en las que trasluce que no confiaba en la junta, por la proximidad de algunos de sus miembros con varios de las empresas demandadas.
La primera consecuencia directa de esta ruptura, es la dificultad que ha tenido el alcalde para conformar la nueva junta, al igual que la de Ruta N. Aunque él afirma que las diferencias son con un sector del empresariado, el Grupo Empresarial Antioqueño, no se puede descartar la solidaridad de gremio, pues hasta el momento solo le han aceptado Sandra Suárez, gerente de la revista Semana y el exmagistrado Jorge Iván Palacio, y Juan Carlos Archila en Ruta N.
En la discusión sobre la relación en una empresa entre la gerencia y la junta directiva, vale la pena citar algunas apreciaciones del exgerente de EPM, Carlos Enrique Moreno, en la carta enviada al gerente general de la empresa, Alvaro Guillermo Rendón:
“En mi larga vida empresarial, no solo tuve el gran honor de manejar EPM sino también una organización que se acerca a 150 años de vida. Y cuando me preguntaban sobre el éxito de esas organizaciones, nunca dudé en manifestar que el sólido sistema de gobierno corporativo, más un arraigado esquema de pesos y contrapesos, permitían que se tomaran las mejores decisiones, siempre con albures inherentes a la actividad empresarial, pero rodeadas de intensos y fructíferos debates”.
Y el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad Eafit, dirigido por Santiago Tobón, expresó que hay gran preocupación por la tensión generada entre el alcalde de Medellín y la institucionalidad construida alrededor de las principales organizaciones públicas de la ciudad, pues esta decisión, sumada a la dimisión de la junta directiva de EPM, sientan un precedente histórico en las relaciones que la ciudad mantiene con diferentes organizaciones.
En el mismo sentido expresa que «con las decisiones anunciadas recientemente respecto a EPM, el señor alcalde desconoce, por ejemplo, el Convenio Marco de Gobernabilidad entre esta empresa y la Alcaldía, en el cual se establece claramente que su actuación debe enmarcarse exclusivamente a través de su papel como presidente de la Junta Directiva. Asimismo, al desconocer el consejo de la Junta Directiva de Ruta N en lo que se refiere a su dirección ejecutiva, el señor alcalde también parece querer contravenir el arreglo institucional vigente».
Dice el diario La República que para los expertos “en materia de economía política el éxito que ha mostrado la alianza entre empresas, Estado y la ciudadanía de Medellín es algo atípico y poco visto dentro de la disciplina. El llamado buen gobierno corporativo de lo público es un sistema de reglas implícitas y explícitas en el que la participación cruzada de empresarios, académicos y funcionarios electos o designados en la toma de decisiones estratégicas de inversión pública y desarrollo económico y social, ha permitido que la independencia, la transparencia y el rigor técnico sean los principios rectores de tales decisiones”.
El documento elaborado desde la Decanatura de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, concluye diciendo que «frente al enrarecido ambiente que percibimos, se hace urgente arropar y fortalecer los mecanismos de participación y las garantías de transparencia que por tantos años han permitido el ordenado funcionamiento de la cosa pública en la ciudad, y han sido motivo de orgullo para los antioqueños».
El alcalde debe escuchar con sensatez, porque no podemos retroceder en años, en lugar de construir sobre lo construido.
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