Por estos cargos de corrupción, la Fiscalía acusó al exgobernador Richard Aguilar 

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El exgobernador de Santander, hoy entre las rejas, afronta varias investigaciones por corrupción en seis contratos, firmados entre 2014 y 2015. 

La Fiscalía General de la Nación acusó al exgobernador de Santander Richard Aguilar (foto), ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por haber incurrido en actos de corrupción.  

La fiscal Mónica Jiménez, quien lleva el proceso, fue clara y puntual en sus acusaciones: 

“Se hace precisamente una puntualización de los contratos. Del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccionar la contratación, que son seis contratos en total, cuatro de ellos que se adjudicaron, como el del PAE, y dos de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que se direccionaron”, dijo la fiscal durante la audiencia. 

La Fiscal señaló que mientras Aguilar fue gobernador de Santander, “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. Los delitos por los cuales Richard Aguilar es investigado son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado. 

Las irregularidades se detectaron en los contratos para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Diaz Romero (Bucaramanga); el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético de Santander y la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

La Fiscalía recordó que en este proceso también están vinculados Julián Libardo Jaramillo Díaz, quien en ese entonces era jefe de proyectos de la Secretaría de Infraestructura departamental, Claudia Janeth Toledo Bermúdez, quien se desempeñaba como secretaria de Infraestructura, y su esposo Lenin Pardo. Todos ellos, según el ente acusador, “llegaron a un acuerdo criminal para sacar dinero y direccionar la contratación”. 

También se habla de supuestos direccionamientos de contratos en los que se investiga al excongresista Edwin Ballesteros. 

Ante lo expuesto por la Fiscalía, el abogado de Aguilar, Iván Cancino, se manifestó en desacuerdo. El defensor sostuvo que hay errores en la acusación, porque hay hechos que el ente acusador no expuso durante la audiencia de imputación de cargos. 

“Como abogado no puedo permitir que un escrito de acusación contenga un hecho que es objeto de otro proceso (…) Que no fue objeto de imputación y que aparece en la acusación, violando el derecho al debido proceso y defensa de mi cliente. El hecho que relaciona a Edwin Ballesteros es objeto de otra investigación”, expuso Cancino. 

Dicho esto, el abogado solicitó que se repitiera la acusación contra Aguilar, pero el magistrado Jorge Caldas, ante quien se presentó el caso, negó la petición. Señaló que este punto será discutido más adelante. De hecho, desde ya se anunció que la audiencia preparatoria quedó programada para el próximo 5 de abril de 2022. 

El proceso contra Aguilar no es fácil y esto ha sido reconocido por Cancino. El abogado ha asegurado que contra el exgobernador hay “9 fundamentos fácticos de imputación”. Por lo anterior, Aguilar se mantiene con medida de aseguramiento, hecho con el que Cancino dice no estar de acuerdo con la decisión de imputar medida de aseguramiento contra el excongresista, pues, según él, no era necesario. 

“Lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador, han pasado más de seis años no hay urgencia de la medida, él no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recurso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”,manifestó a finales del año pasado. (Con datos de Infobae).