Pacta sunt servanda

Por Guillermo Mejía Mejía 

Esta locución latina que traduce los “pactos deben ser cumplidos”, constituye uno de los principios del derecho civil de muchos países especialmente en lo que se refiere a los contratos y a los tratados internacionales, pero tiene un sustrato esencial y es la buena fe. Yo me comprometo a pagarte el precio y tú me trasladas el dominio de este bien que no está deteriorado, sería el ejemplo de una compraventa entre particulares. Pero si la cosa esta deteriorada y no corresponde a lo que el vendedor decía de ella aparece la mala fe.

Y eso precisamente parece que es lo que va a suceder con la elección del presidente del Senado. Los partidos mayoritarios pactaron que la presidencia de esa corporación legislativa le correspondería inicialmente al partido Centro Democrático que fue representado por Ernesto Macías Tovar, el segundo período, que termina este próximo 20 de julio, le correspondió al senador del Partido Liberal Lidio García Turbay y el tercero, que comienza en esta misma fecha, a un senador elegido en las listas del partido Cambio Radical.

Esta agrupación, que orienta el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tiene como candidato al señor Arturo Char, perteneciente a una familia que ha acaparado el poder político en el departamento del Atlántico y que aspira a elegir a Alejandro, ex alcalde de Barranquilla, como sucesor de Iván Duque en las elecciones del 2.022.

Hasta ahí todo normal, si no fuera porque la exsenadora Aida Merlano, despojada de su investidura por delitos electorales y condenada por la Corte Suprema de Justicia por la misma causa, se fugó espectacularmente en las narices del Inpec, descolgada en una cuerda desde un tercer piso, hecho registrado en video conocido por todo el país y publicado también en el exterior y refugiada en Venezuela, al amparo del gobierno de Maduro, desde donde le lanzó al candidato a la presidencia del senado, Arturo Char, una acusación bastante seria y embarazosa para el congresista y es la de haber sido cómplice de su fuga, delito que ya investiga la Corte Suprema de Justicia.

Como si fuera poco, Char también está involucrado en otro proceso penal ante la misma Corte por un delito electoral como resultado de su alianza con la misma Aida Merlano quien fue condenada a once años de prisión por concierto para delinquir agravado y corrupción al elector en las elecciones que se llevaron a cabo para el Congreso en marzo de 2.018, luego de su captura en la llamada operación Casa Blanca, allanamiento durante el cual se encontraron armas y todo un sistema de fraude electoral. En la misma fórmula electoral estaba la excandidata a la Cámara por el partido Cambio Radical, Lilibeth Llinás Delgado quien también está investigada, así como el senador Laureano Acuña.

Esta empresa no era nueva, pues el Consejo Nacional Electoral, para las elecciones de 2.005, probó que en esa misma sede y por los mismos actores también se cometían los delitos que ahora investiga la Corte. O sea que la corruptela electoral tenía vigencia desde muchos años antes y sirvió para elegir patriarcas conservadores que estuvieron y durmieron en el Congreso por más de 50 años. En esa época el organismo electoral denunció ante la Fiscalía los delitos cometidos y aportó la plena prueba, pero allí la denuncia no tuvo eco y el expediente entregado durmió el sueño de los justos.

En la Corte Suprema de Justicia cursa el proceso contra Arturo Char, por su condición de miembro del Congreso, pero en la justicia penal ordinaria se adelanta, por los mismos hechos, otro proceso penal en donde están involucrados, el eterno contratista del Estado Julio Gerlein Echavarría, hermano de Roberto el excongresista, la diputada del Atlántico Margarita Ballén y algunos concejales de Barranquilla.

La empresa criminal electoral funcionaba como un complejo industrial pues la red de compradores de votos utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional, el llamado QR, con el que identificaban a los líderes que lograban su cometido. Cada voto era pagado a 40 mil pesos, más un mercado, cada uno con un subsidio adicional de 5 mil para el transporte. Con estos recursos, la Merlano obtuvo 73.250 votos, pero todo el entramado, según pruebas recogidas en el allanamiento de la Sigin, sobrepasaba la suma de 6 mil millones de pesos.

En esa diligencia aparecieron también certificados electorales en masa, fotocopias de cédulas de ciudadanía, planillas electorales, listados de votantes y los formatos firmados con el compromiso del votante, los organigramas detallados de la empresa electoral y seguimiento de la operación.

Para comprobar que sí se hubiera votado en un puesto determinado, el gerente de la campaña pedía los certificados de votación y sobre estos pegaba un stiker con código QR para comprobar que el dinero que se entregaba al comprador de votos correspondiera con el número ofrecido por este antes de las elecciones.

El doctor Germán Vargas Lleras, orientador del partido político Cambio Radical, ha manifestado que el plan A, el B y el C para la presidencia del Senado es el señor Arturo Char y da como argumento que este no ha sido condenado, ni imputado ante la Corte Suprema de Justicia y que por lo tanto se presume su inocencia.

Ese es un buen argumento de abogado penalista y es válido para un ciudadano del común que resulte involucrado en un proceso penal. Pero no es un argumento serio para un candidato a presidente del Senado que a la vez sería presidente del Congreso. Esa es una de las ramas del poder público y una caída desde esa cumbre causaría un ruido ensordecedor a nivel nacional y, desde luego internacional, que dejaría al congreso en un estado de postración peor del que se encuentra y al país como una verdadera república banana.

De los 16 senadores que tiene el partido Cambio Radical en el Congreso, se pueden mencionar 4 o cinco más conocidos que han tenido actuación destacada y que bien pudieran ser presidentes de la corporación: Rodrigo Lara Restrepo, Germán Varón Cotrino, Temístocles Ortega, Carlos Fernando Motoa o cualquiera de las cuatro damas senadoras.

Pero la tenacidad y prepotencia con la que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras defiende el nombre de Arturo Char para la presidencia del Senado, estando de por medio semejantes acusaciones sustentadas en pruebas sólidas obtenidas por la Sijín, que de alguna manera afectan al candidato, no deja de ser un antecedente molesto y opaco que hasta el más inocente ciudadano lo va a catalogar como una maniobra electorera de la más baja estofa en favor de uno de los grupos económicos más poderosos del país.

Con razón decía la exministra Cecilia López Montaño, en Blu Radio, que la mancha de Arturo Char es del tamaño de una catedral y que el Senado perdió la vergüenza. Agregó en sus declaraciones que no entiende cómo senadores responsables “se traguen ese sapo”.

En este caso no obliga la máxima latina “pacta sunt servanda” porque el producto que se le quiere vender al Senado como candidato está rayado y contaminado y con razón los que deben cumplir el pacto pueden pedir que se los cambien por otro de mejor calidad. Por lo menos ya lo han hecho por escrito 31 senadores.