Ojo: ¡que no nos vaya a comer otro “tigre”!

 Reflexiones sobre la salida de SURA del sistema de salud

Por Jorge Gómez Gallego

En la solicitud de retiro del sistema general de seguridad social en salud, hecha por la EPS Sura a la Superintendencia del ramo, subyace, además de la retirada de este grupo económico de un “negocio” que ya no lo es, el riesgo que la atención de los afiliados a este conglomerado se la coma el “tigre”, aunque no el de SURA.

El modelo vigente, creado mediante la Ley 100 de 1994, es un sistema de aseguramiento financiero. Es decir, una especie de póliza de seguro, en la que la prima que se paga por cada “asegurado” es el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y los siniestros son las enfermedades y la demanda de servicios de salud.

Las pólizas de seguros, todas, traen una letra menuda detallando la lista de eventos que no tienen obligación de pagar. En este caso, haciendo una analogía, estaban ocultos en el llamado Plan Obligatorio (POS), una cantidad de servicios y tecnologías que ni se mencionaban, al tiempo que enumeraba aquellos a los que los afiliados tenían derecho a acceder; de esta forma, los que no estaban en la lista, sencillamente no aplicaban.

El cálculo inicial del negocio para las compañías de seguros o EPS, estaba hecho sobre la base de que con la UPC podrían cubrir el modesto POS y obtener utilidades. A esa ventaja se le sumaban las frecuentes barreras para el acceso a los servicios de salud que el propio modelo contemplaba, incluida la posibilidad de negar o demorar las atenciones.

El negocio sonaba tan lucrativo que, al comenzar a operar el modelo, se apuntaron al asunto unas 150 empresas, entre Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS), EPS de régimen contributivo y EPS de régimen contributivo y subsidiado.

Sin embargo, en los cálculos de los negociantes del modelo de atención no figuró que los usuarios y el poder judicial intervinieran, de forma efectiva, para lograr que la salud obtuviera un rango inimaginable para quienes estaban muy interesados en rápidas utilidades.

Inicialmente la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional y posteriormente la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, declararon la salud como derecho fundamental autónomo. Y quedó establecido, al contrario de lo estipulado originalmente en la Ley 100, que lo que no está excluido expresamente, se entiende como cubierto y su atención es obligatoria para las EPS.

Otro supuesto contemplado en la Ley 100 que se desvirtuó en poco tiempo, fue calcular que el sistema terminaría siendo autosostenible con los aportes de los cotizantes del régimen contributivo. Las altísimas tasas de desempleo e informalidad laboral desmontaron en un corto lapso dicho presupuesto. A la fecha el Estado aporta un 75% del gasto, el cual pasó del 6% al 7,2%, como porcentaje del PIB, en una economía que registra un deplorable Producto Interno Bruto por habitante de 6.500 dólares, ¡una bicoca respecto a países con algún grado de desarrollo!

En medio de vergonzosos escándalos de corrupción, facilitados por el riesgo moral que acompañaba el sistema, también empezaron procesos de liquidación voluntaria o forzosa unas 100 EPS y las que sobrevivieron vieron crecer el gasto en salud, al punto que este superó los ingresos de la UPC, e incluso desbordó los presupuestos máximos, figura que se creó para atender lo que no estaba en el Plan Básico de Salud (PBS), que reemplazó el POS.

Es se notar que pese a las frecuentes distorsiones que se registran en el sistema de salud colombiano, problemas originados, entre otras razones por la intermediación financiera, en ningún gobierno, de los recientes, se han hecho intentos serios por desmontar este esquema. Por el contrario, se registran varios ensayos por consolidarlo, y si acaso, medidas coyunturales para atender las crisis recurrentes.

Llegó entonces el gobierno del “cambio” y decidió tramitar un proyecto de ley para talar de un tajo, sin el aprestamiento de los recursos presupuestales suficientes y sin una institucionalidad preparada para atender la transformación de un modelo en crisis financiera. Tremendo e infantil error de cálculo que terminó en el fracaso estruendoso de su proyecto en el Congreso. Y no solo por el lobby de las EPS, sino porque era tan improvisado y caótico como el modelo que hoy están padeciendo los educadores colombianos.

Los datos y sobre todo los ejemplos, son contundentes. Iniciemos por la Nueva EPS, de propiedad del Gobierno y las Cajas de Compensación Familiar, en cuya cabeza colocaron a uno de los principales alfiles de Petro y que luego fue intervenida. En 2023 registró pérdidas por $411 mil millones de pesos, como consecuencia de la disparada del gasto en salud que, según su ex presidente Aldo Cadena, ascendió al 98% de sus ingresos. No quedó presupuesto ni para la administración.

La larga lista de EPS desaparecidas, liquidadas, intervenidas para liquidar o para administrar, se nutre ahora con otras que solicitan salir de forma voluntaria del SGSSS. Primero fue Compensar, de propiedad de la caja que lleva el mismo nombre.

A la desbandada se sumó Sura EPS, cuyo dueño es el Grupo Empresarial SURA. El anuncio ha causado gran revuelo y múltiples interpretaciones y declaraciones, muchas de ellas bastante disparatadas. La agitación es tanto por el número de afiliados, que ronda los 5 millones y medio, como por las características de sus dueños.

Empecemos por aclarar que el negocio de salud del Grupo Empresarial SURA es apenas una pequeñísima parte de su portafolio. El Grupo SURA facturó en 2023 $35.5 billones de pesos, mientras Sura EPS solamente percibió $103.148 millones, el 0.03% del total de sus ingresos. Mientras las utilidades totales del Grupo ascendieron a $4.6 billones de pesos, las pérdidas de su EPS llegaron a $231.000 millones, lo que significa que, si no hubieran registrado pérdidas en esa parte del negocio, sus utilidades hubieran aumentado apenas ligeramente, un 0,05%.

Bueno, y ni hablar de la comparación del activo y el patrimonio entre el Grupo y la EPS. Mientras los activos del Grupo fueron de $94 billones, los de la EPS escasamente llegaron al 0,02% de esa suma: $2 billones cien mil millones. Y en patrimonio la comparación sí que es descomunal. Mientras el del grupo llega a $32.5 billones, el de la EPS apenas representa el 0,00012 %: $4.200 millones de pesos. Renunciar a la EPS para SURA, es como quitarle un pelo a un “tigre”.

Es claro que Colombia necesita un profundo cambio en su sistema de salud. La intermediación financiera fracasó y hay que transitar hacia un esquema que empiece por la promoción y la prevención, que organice técnicamente las redes de atención, dignifique el trabajo del talento humano y fortalezca la red pública hospitalaria. Pero ojo, no puede ser a machetazos y en una economía de mercado como la nuestra, en la que, si bien es menester la presencia del Estado, no puede vetarse el sector privado.

De tiempo atrás habíamos propuesto controlar estrictamente las utilidades de las EPS privadas y fortalecer las sin ánimo de lucro, mientras encontrábamos caminos para la adopción de un sistema avanzado y democrático. Para empezar, es indispensable arbitrar los recursos suficientes, lo que necesariamente pasa por elevar de manera significativa el PIB percápita del país, generando riqueza, lo que a su vez no se logra sin eliminar la competencia desleal que asfixia nuestra economía, asunto que parece no trasnochar al actual gobernante.

Para concluir, afirmo de forma categórica, que es falsa de toda falsedad la tesis oficialista que la crisis financiera que padece el sistema, se podía evitar con la malograda reforma a la salud. Es más, si se hubiese aprobado, a la topa tolondra, sin recursos ni soporte administrativo, como la promovía el desabrochado y gárrulo ministro Jaramillo, la debacle sería mucho peor.

Por ahora queda claro que el “Tigre” se va del negocio de salud, porque no es negocio, ni siquiera es sostenible en el mediano plazo, incluso sin intermediación financiera. Los improvisadores que están al mando pueden celebrar que el “Tigre” se vaya, pero han demostrado la incapacidad para evitar que nos coma el otro tigre, el del colapso total del sistema de salud.

*Exdiputado y excongresista. Dirigente del partido Dignidad & Compromiso.