
@petrogustavo
“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, escribió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en una publicación en su estado de WhatsApp.
Con esta frase el magistrado Ibáñez denunció ante la Fiscalía General de la Nación que estaba siendo víctima de monitoreos y seguimientos ilegales.
Al parecer, miembros del Gobierno estarían detrás de las llamadas ‘chuzadas’ contra el vicepresidente de la Corte Constitucional.
El comunicado indica que las denuncias de interceptaciones ilegales no solo comprometen la seguridad de los magistrados, sino la independencia de la rama judicial en Colombia
Los presidentes de las altas cortes (el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional) emitieron un comunicado en la mañana de este lunes 24 de junio, expresando su preocupación ante los hechos denunciados por el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado.
En ese mismo texto, los presidentes de los cuatro tribunales piden al Gobierno nacional proporcionar las garantías para el cumplimiento de la labor de los magistrados. También le solicitan celeridad a la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones del caso.
Previo al comunicado emitido por los presidentes de los tribunales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial también había emitido una comunicación en el mismo tono: “Rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia”, indicaba el texto.
Jorge Enrique Ibáñez denunció que tanto él como algunos de sus magistrados auxiliares han sido víctimas de intervenciones telefónicas ilegales.
Ibáñez no descarta que otros magistrados de la Corte Constitucional también estén siendo afectados y asegura que su esposa es víctima de esa misma práctica ilegal. Tras recibir la carta, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para esclarecer las denuncias; ya hay fiscal delegado para llevar el caso y sobre las 2:00 p. m. del 24 de junio, se espera que la fiscal Luz Adriana Camargo se reúna con el vicepresidente de la Corte Constitucional para conocer los detalles de la situación.
En su defensa, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) no tiene la capacidad técnica para interceptar servicios de telefonía privada. A pesar de esto, la Presidencia ha ordenado una investigación interna para aclarar los hechos. (Carta de las cortes).
En la red social X, Petro negó rotundamente los señalamientos: “Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen”. (Con datos de Infobae).
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