La corporación Nodo Antioquia, defensora de los Derechos Humanos, emitió un comunicado en el cual expresa su rechazo y preocupación por la decisión de la Alcaldía de Daniel Quintero de acudir a los grupos al margen de la ley en los barrios para “articular la atención territorial”. El comunicado dice así:
Desde la plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia, manifestamos nuestro completo rechazo y preocupación por las estrategias previstas por la Alcaldía de Medellín en su documento “Riesgo Social Medellín Covid-19” proyectado por Gestión Estratégica.
En la página 19, en el aparte de “Estrategias Diferenciales” se menciona textualmente: “Contacto con grupos ilegales que controlan el territorio para articular la atención territorial”.
Como organizaciones defensoras de derechos humanos hemos denunciado públicamente como el control territorial, económico y político de las estructuras armadas ilegales en la ciudad de Medellín continúan siendo estrategias paraestatales que van en detrimento de los valores de la democracia.
Estos grupos, son los responsables de desplazamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones, uso, utilización de niños, niñas y adolescentes, además, imponen un orden social sobre la vida cotidiana que impide a las y los ciudadanos vivir de manera tranquila.
Exigimos que la Alcaldía de Medellín de manera pública explique a la ciudadanía por qué establecieron dicha estrategia, cuando está prohibido por la ley. Además, esta es una forma de avalar el control y la coerción que hacen estas estructuras sobre la población.
Como en años anteriores, reiteramos que en Medellín el pacto de fusil que se ha instaurado ha permitido “la pacificación” impuesta por los grupos paramilitares, para mantener el orden social. Hecho que ha agravado la situación de derechos humanos y ha conllevado a que exista un alto nivel de impunidad en las agresiones que se registran a diario en los barrios y corregimientos de la ciudad.
Exigimos a los entes competentes investigar este hecho por la gravedad que registra al establecerse como estrategia estatal para atender la actual crisis una posible relación entre la Alcaldía de Medellín con los grupos ilegales que operan en las comunas y corregimientos.
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