El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una tutela solicitando la nulidad de su condena por concierto para delinquir agravado en alianza con grupos de paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 95 meses de prisión y más de 7.000 millones de multa por haber establecido alianzas y recibido respaldo de grupos paramilitares, tanto para sus campañas políticas como sus movimientos (Unionista Equipo Colombia y Alas Equipo Colombia), entre los años 2001 y 2007.
El exgobernador de Antioquia (foto Ramos) expresó que su solicitud está fundamentada en múltiples y flagrantes violaciones a garantías.
El siguiente es el texto de su tutela:
“He presentado Acción de Tutela ante la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia fundamentada en múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, contra las sentencias dictadas por la Sala Penal, que busca la nulidad de las mismas y que injustamente dieron lugar a la privación de mi libertad”, señaló Luis Alfredo Ramos.
Indicó que los argumentos principales de tutela son:
1. Condena con pruebas de contexto, basadas en generalidades sin relación con la responsabilidad penal individual, violando el principio de presunción de inocencia.
2. Valoración irrazonable de testimonios en mi contra, llegando a incluir pruebas en la sentencia que no fueron presentadas en la etapa probatoria y desechando retractaciones hechas por testigos ante los propios magistrados de la Sala de Casación Penal.
3. Desconocimiento absoluto de todas las pruebas presentadas por la Defensa, contrariando la obligación de tener en cuenta aspectos favorables al imputado.
4. Violación del Acto Legislativo 01 de 2018 sobre doble instancia, particularmente la omisión de hacer un Juicio por parte de la sala de primera instancia.
5. Violación evidente del principio de imparcialidad por un magistrado que confesó tener alterado su ánimo en mi contra y, a pesar de ello, dictar sentencia.
6. Filtración de dos proyectos de sentencia, lo cual es además un delito en la legislación colombiana, y que causó una “afectación grave, actual y cierta del debido proceso” de acuerdo con sentencia de unificación de la H. Corte Constitucional.
“Espero que los jueces constitucionales decidan en pleno Derecho con el fin de que se haga Justicia en mi caso”, expresó.
“Seguiré defendiendo mi inocencia, mi libertad y mi honra hasta el último día de mi vida, esperando que ningún colombiano tenga que padecer la persecución a la que me he visto sometido tras una carrera pública dedicada al servicio de Antioquia y del país”, termina su comunicado.
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