En qué consiste, para qué sirve y quién acabará pagándola
César Ferrari.
Razón Pública.
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El gobierno acaba de radicar una nueva reforma tributaria bajo el nombre de proyecto de ley de financiamiento. Así, por enésima vez, Colombia vuelve a discutir la cuestión tributaria.
Hace un par de años, ante la última reforma (que entró en vigencia en enero de 2017), un grupo de académicos decidimos publicar nuestras reflexiones y propuestas al respecto. En ese artículo concluimos que la reforma no iba a resolver los problemas tributarios del país. De hecho, se estimaba que el déficit fiscal del 2016 era del orden de 20 billones de pesos, pero después de la reforma el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el déficit para 2018 sería de 25 billones—aunque después de algunos ajustes de la deuda concluyó que sería de 14 billones—.
Mejor dicho, la reforma de 2017 no resolvió el problema del déficit fiscal. Tampoco mejoró la competitividad de las empresas, a juzgar por el pequeño aumento de las exportaciones no tradicionales y de la sustitución de importaciones, a pesar de la notoria devaluación del periodo. Mucho menos resolvió la inequidad en la distribución del ingreso. (Lea el análisis).
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