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El presidente Petro volvió a cuestionar a la Procuraduría, esta vez por investigar a los ministros del Interior y de Defensa por el manejo de la protesta en San Vicente del Caguán donde murieron un civil, un policía y fueron secuestrados retenidos 78 uniformados.
El presidente de la República, Gustavo Petro, en la noche del lunes 6 de marzo reaccionó en su cuenta de Twitter al llamado a indagatoria desde ese ente de control a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada.
“Hace unos años una operación militar a través del bombardeo mató civiles en el Putumayo. ¿Qué es lo que quieren hoy algunos entes públicos? ¿Que el ejército entrara disparando a una manifestación de 7.000 campesinos del Guaviare, la Macarena, el Putumayo y Caquetá en el Caguán? (sic)”, se preguntó.
Petro ratificó que en su administración se respeta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se privilegiará a la resolución pacífica de conflictos.
“Este gobierno respeta el DIH, otras políticas de seguridad basadas en la sangre del pasado no son las nuestras. Nosotros dialogamos con la sociedad para proteger la vida. Desde las oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares actuaron correctamente”, agregó Petro.
Alfonso Prada, dijo que estuvo reunido con los campesinos y las organizaciones durante tres días, junto a otros miembros del Gobierno y señaló que no conocía los tratos que habían tenido que soportar los uniformados durante las más de 30 horas de su secuestro, en las que se les impidió su movilización, después de haber llegado al sector para contener los ataques a la planta de Emerald Energy.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la fuerza púbica sostuvo que por los enfrentamientos que hubo entre campesinos “se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos”.
Para el Ministerio Público es “necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos” y solicitó “practicar pruebas contundentes” para identificar a los mismos y esclarecer si se actuó “al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”. (Con datos de Infobae).
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