La crisis nacional y la academia

Por José Hilario López 

Un grupo de colegas ingenieros egresados de la Facultad Nacional de Minas, hoy Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín, hemos estado reflexionado sobre la grave crisis que atraviesa hoy el país, que cada día tiende a agravarse, sin que se vislumbre una propuesta que pueda facilitar a las partes en conflicto llegar a acuerdos para avanzar en el desescalamiento de la violencia, y empezar a implementar las reformas que con urgencia requiere nuestra sociedad.  

Como premisa considero que es necesario diferenciar la protesta pacífica, un derecho constitucional que legitima el rechazo de las comunidades afectadas por acciones y omisiones de los gobiernos, que se consideran contrarias al pleno ejercicio y disfrute de las garantías consagradas, principalmente relacionados con la libertad y  seguridad ciudadanas, así como la satisfacción de la necesidades básicas, resumidas en el derecho a una educación universal y de calidad que garantice un trabajo digno y una convivencia pacífica, dentro de las diversidad de creencias. 

 Otra cosa es el vandalismo que aprovecha el descontento ciudadano para cometer actos vandálicos contra el patrimonio público y privado y para bloquear el libre tránsito de bienes y personas. Las acciones de los violentos, tanto por parte de individuos desadaptados como de bandas criminales organizadas infiltradas en la protesta ciudadana, deben ser reprimidas y perseguidas por los organismos de seguridad que dispone el Gobierno Nacional, todo dentro del denominado estado de derecho. 

Nuestra propuesta, que me permito exponer a continuación se basa en un documento inédito,  preparado por los colegas Alfonso Sánchez Cadavid y Jaime Saldarriaga Sanín, la cual  se concentra en ver la posibilidad que desde la Academia se puedan aportar soluciones, que permitan a las partes llegar a acuerdos con los sectores organizados que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta, en especial la juventud vinculada a instituciones de educación superior, media y tecnológica, sin excluir esa gran  masa de muchachos que ni estudian ni trabajan, los que se ha dado en llamar  “juventud no futuro”, grupo el mas propicia a ser manipulado por las bandas criminales. 

El documento, atrás mencionado, empieza reconociendo que Colombia afronta una profunda crisis social, sanitaria, económica y de gobierno que ha resultado en la confrontación y pérdida de vidas y bienes que hemos vivido en las recientes semanas. La crisis social es un factor de incertidumbre y presenta riesgos para la estabilidad y viabilidad de la democracia representativa, así como para la misma paz y convivencia ciudadanas, y por ello es necesario actuar en forma inmediata para conjurar esta situación. 

Como egresados de la Universidad Nacional de Colombia, una de las pocas instituciones que conserva la credibilidad de la sociedad colombiana, en especial de nuestra juventud, consideramos que es su deber aportar ideas que contribuyan a encontrar una solución negociada al grave conflicto que está afectando todos los estratos de nuestra sociedad, nos  permitimos poner en consideración del país nacional algunas ideas e iniciativas que podrían ayudar a encontrar una salida negociada, las cuales se resumen a continuación:  

El esquema institucional existente para conjurar la crisis necesita ser reforzado por un grupo asesor independiente y del más alto nivel y calificación, sin compromisos partidistas o de interés particular y enfocado exclusivamente en el manejo de la crisis. El grupo propuesto debe estar constituido por personas de intachable reputación y credibilidad de la más alta calificación y experiencia en asuntos de administración pública, resolución de conflictos, economía política y manejo de problemáticas sociales y debe ser independiente de las campañas políticas y partidos en contienda para las elecciones del 2022. La Academia Colombiana debe ser la primera invitada a conformar este grupo, en especial la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, así como el doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. Si alguien conoce y comprende los problemas de la juventud son los docentes, como lo son los profesores Montoya y Gaviria, pero para fortuna para el país tenemos muhos más expertos ideales para conformar el cuerpo asesor propuesto. 

El grupo asesor evaluará y presentará al Gobierno Nacional, al Comité del Paro Nacional y a la Sociedad Colombiana recomendaciones para desescalar de inmediato la intensidad de la protesta social, en especial la violencia contra las personas y el patrimonio público y privado, así como para crear un ambiente propicio para la discusión de acuerdos que lleven a mediano plazo a una solución integral para salir de la crisis institucional y social. Sus recomendaciones incluirían los acuerdos preliminares a que se pueda haber llegado hasta ese momento con los directivos del Paro Nacional. 

El grupo sería designado por el presidente de la República y acordado con el Comité de Paro, y su encargo duraría hasta cuando se llegue a un acuerdo de las partes en conflicto.