¡Estamos pifiados!

Por Claudia Posada

Cuando como ciudadanos, enmarcamos en nuestro propio pensamiento político e ideología, toda actividad, pronunciamiento, o gestión de un funcionario cuya tarea pública es visible a sus gobernados, estamos partiendo de imaginarios personales o de influencia colectiva; tales presunciones no siempre serán ciertas, desafortunadamente muchas sí lo son. Por lo tanto, de algunas buenas intenciones siempre estaremos dudando, lo que a veces impide el logro de objetivos cuyo rechazo perjudica a toda una comunidad.

De otro lado, estamos observando estupefactos que en  la mayoría de los gobiernos del mundo, así como en otros círculos en los que se mueven “líderes” políticos, lo mismo que pasa entre algunos dirigentes de todas las capas  de la sociedad civil, los tentáculos de la manipulación maquiavélica contaminó prioridades, decisiones, y recursos bajo el manejo ambicioso y desaforado puesto al servicio de corruptos, contratistas y demás figuras de la vida nacional o local, usualmente para congraciarse entre ellos,  o con sus “recomendados”  generalmente sin méritos plausibles que los respalden. Al ponerse en evidencia lo que siempre se ha sospechado, es natural que desconfiemos de todo paso que dan quienes detentan el poder en el Estado, pertenecientes a cualquiera de sus tres ramas.

Estamos en la era de la duda y la desconfianza, nos es muy difícil saber cuáles son los buenos y quiénes los de mentalidad retorcida. En todo caso, indigna comprobar que para las familias decentes, honradas, aquellas en las que se educa con esfuerzos, enseñando y respetando principios en una escala de valores aplicables a todos los espacios del desempeño humano, no ha habido oportunidades que respondan a sus calidades, habilidades y preparación, porque no pertenecen a ciertas “connotadas” genealogías. Tales temores, rabias, violencias de todo tipo, desatinos, así como consideraciones positivas o no, son parte del ambiente enrarecido colombiano con el que recibimos el Covid-19, el mismo que ataca sin discriminación.

Este nuevo miembro de la familia coronavirus puso en aprietos graves, desde el  punto de vista de la salud, tanto a la viejita harapienta que habita la casucha más pobre de un barrio marginado, como al acaudalado empresario que dice haber quebrado por culpa de los tres meses de cierre obligatorio para sus negocios.

La menesterosa sufre porque no puede salir a vender chucherías en una esquina, llueva o haya sol intenso, para tener con que hacerse una sopa. El favorecido, por su parte, intriga recurriendo a “sus buenos oficios” para que se le permita por fin abrir el famoso restaurante en donde el plato de menor precio en la carta (¿una sopa?) es de setenta mil pesos. “La economía perdió estabilización” ¡Qué cinismo!

En tiempos de pandemia, dependemos absolutamente todos de las directrices que por decreto nos impiden libertad plena para lo más elemental; entre otras, desplazarnos hacia y desde cualquier lugar dado que las restricciones, nos gusten o no, son para respetarlas.

Salir o encerrarnos, ponernos el tapabocas en la calle y en ciertas circunstancias personales, no son ahora cuestión de nuestro libre albedrío pues lo ideal es obrar con sentido común acatando las disposiciones que consideremos pertinentes.

En una situación que envuelve al mundo entero, las decisiones individuales impactan a la vez al colectivo dramáticamente.

Creerle o no a los informes epidemiológicos y actuar en consecuencia, es una determinación personal con efectos sociales. Asegurar que reunir en un sitio a veinte personas para una rumba de medianoche es lo mismo que convocar a un acto religioso a ese mismo número de feligreses, es absolutamente absurdo.

¡Cómo creer que están en igual disposición de mantener el riguroso distanciamiento físico las parejas embriagadas o drogadas, que los devotos en oración!!! ¡Por Dios, qué desatino! ¡Si abrimos las iglesias tendremos que abrir los bares! “El derecho al libre desarrollo de la personalidad” ¡Uyyy no, estás pifiado!

Y mientras tanto siguen asesinando, ultrajando a mujeres al interior de sus viviendas y maltratando  niños, incluso, hasta matarlos.

Legisladores, fiscales y jueces colombianos, por su parte, parecen los únicos seres del planeta ocupados en tareas que no se compadecen con las crueldades que hacen notoria la urgencia de abrir los ojos para actuar conforme a la epidemia de agresividad que azota a Colombia aterradoramente.

Endurecer al máximo posible, en correspondencia con la gravedad de los crímenes, las penas merecidas, al igual que imponerlas y hacerlas cumplir de acuerdo con las competencias en cada instancia, sí que debería ser el tema de grandes debates que pongan de frente a la opinión pública deseosa de verificar cuál es ese trabajo que amerita más de 40 millones de pesos mensuales; una primera confrontación virtual  inspirada en la defensa de la niñez, debería ser  la gran movilización social después de superar la pandemia sanitaria.

Por estos días, en un municipio del Urabá antioqueño, un niño de 8 años se levantó de su cama alrededor de las 9 de la noche porque se acordó de que no le había dado la comida a su gatico; ese noble gesto fue interrumpido por un miembro de su familia que atacó con machete al pequeño hasta desprenderle su mano derecha. ¿Habrá justicia a la hora de condenar a tan despiadado individuo? ¿Por qué en Colombia no nos alertan las estadísticas que dan cuenta de tantas vilezas para con la niñez? ¿Cómo es posible que se dude con respecto a los castigos para quienes cometen infamias que nadie merece y muchísimo menos un niño? ¿Por qué no se procede como el virus en cuanto a llegarle por igual a todo quien abuse de los niños, sea de la familia que sea?

Escenarios naturales de convivencia que deberían ser paradigmas, como el hogar, el trabajo y las corporaciones públicas, resultan siendo espacios de conflictos que encienden impulsos descontrolados hasta llegar, en algunos casos, a las peores ignominias. ¡Estamos pifiados!