Duro golpe para la Universidad Sergio Arboleda

@Fiscalia_Col @SergioArboleda 

La institución se quedó sin acreditación de alta calidad. Esta es tal vez una de las decisiones más graves para una entidad de Educación Superior. 

La Sergio Arboleda siempre se identificaba, desde el gobierno del presidente Duque, como la universidad del poder político por excelencia. Allí se graduó de abogado el expresidente Iván Duque y el actual Fiscal general, Francisco Barbosa.  

Pero contra lo que muchos creen, la decisión de retirarle la acreditación a esta universidad fue tomada por la ministra de Educación el gobierno de Duque, María Victoria Angulo. Se le había otorgado en 2015 y que se extendería hasta el 2025. 

En un comunicado, el Ministerio de Educación confirmó que a la Universidad Sergio Arboleda se le retiró la acreditación de alta calidad “por decaimiento del Acto Administrativo que otorgaba dicho reconocimiento”. 

El Ministerio de Educación le ordenó a la universidad que retire todas las publicidades en las que asegura tener la acreditación de alta calidad. 

La entidad estaba metida en varios líos, algunos que involucran a las llamadas nóminas paralelas en las que, incluso, aparece el mismo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. 

Barbosa ya se había metido en un problema en el 2021 cuando se confirmó que fue profesor de esa universidad, de la que también es egresado, pero que jamás dictó las cátedras para las que fue contratado. 

“La Universidad deberá elaborar, implementar y ejecutar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser validado por el Ministerio de Educación Nacional, encaminado a superar en el menor tiempo posible las causas que dieron origen a la medida”, señala el MinEducación. 

Este fallo se tomó en el gobierno Duque, pero solo quedó en firme hasta el 25 de ese mes, cuando Gustavo Petro ya estaba al frente de país. 

Según informó el periodista Coronell, la cartera gubernamental decidió quitarle la también conocida acreditación como multicampus debido a que el exdecano de la facultad de derecho de la Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa,denunció varias irregularidades dentro del plantel educativo, como la nómina que habría cobrado el fiscal Barbosa hace algunos meses. 

De acuerdo con el togado, en esa casa de estudios habrían hecho pagos injustificados a varios sujetos relacionados con la política, como el hoy jefe de la Fiscalía General de la Nación. El tema, incluso, escaló hasta el Gobierno, cuya cartera en 2021 anunció investigaciones contra la universidad de la que se graduó como abogado el expresidente uribista Iván Duque. 

El MinEducación le pidió a la universidad que explicara quién había dado permiso para contratar al fiscal sergista Francisco Barbosa (foto), así como a otros presuntos actores de la clase política colombiana.Allí, se supo que esa nómina paralela la habría dirigido Rodrigo Noguera, quien es rector de este centro académico. 

En ese entonces, la ministra de Educación de Duque, María Victoria Ángulo, habría sido laxa al tomar cartas en el asunto contra la Sergio Arboleda argumentando que la inestabilidad financiera de la institución “tiene incidencia directa en el desarrollo normal de sus actividades y en la prestación del servicio en condiciones de calidad y continuidad”. 

Sin embargo, se le cuestionó porque solo ordenó intervenir esa institución con un plan de mejoramiento. La universidad, asegura Daniel Coronell, se confió de que el tema no pasaría de ahí y ahora pierden uno de los más importantes reconocimientos, que se le había otorgado en 2015 y que se extendería hasta el 2025 si manejaban y cumplían con los parámetros establecidos. 

“Una vez la Institución supere las causas que dieron origen a la imposición de las medidas, podría iniciar otra vez un nuevo trámite de Acreditación. En cuanto a las cohortes de Programas desarrollados por la Universidad Sergio Arboleda seguirán su curso normal”, concluyó el Ministerio de Educación este viernes. 

Ahora, la institución de educación superior, fundada por el conservador asesinado Álvaro Gómez Hurtado, deberá solucionar todos los líos judiciales, administrativos y financieros para recuperar esa designación entregada por el Gobierno. (Con datos de Infobae).