Discusión del proyecto de código electoral 

Por Guillermo Mejía Mejía 

Una cosa es la identificación y otra la autenticación. 

Casi que al unísono, los voceros de la Andi, Fenalco, Colombia Fintech, Confecámaras, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y del Partido Cambio Radical, manifestaron, en la audiencia convocada por la Comisión Primera del Senado, el pasado viernes 28 de octubre, su inconformidad con la redacción del artículo 134 del proyecto que trata sobre la identificación y autenticación por medios digitales que le otorga a la RNEC, el monopolio de la identificación y autenticación de todos los colombianos por los diferentes medios tecnológicos de firma digital. 

Los representantes de estos gremios estuvieron todos de acuerdo en que este monopolio es a todas luces inconveniente debido a que cualquier tipo de autenticación electrónica tenga que depender de un organismo del Estado, cuyas últimas falencias en el escrutinio de las elecciones pasadas de Congreso, dejaron al descubierto las limitaciones tecnológicas que tiene actualmente la Registraduría Nacional. Dejar en poder de este órgano del Estado todo el aparato de la autenticación electrónica de los ciudadanos ante el sistema financiero, la rama judicial, los gobiernos nacional, departamental y municipal y aun en las transacciones privadas, es de un despropósito monumental, además que el servicio no sería gratuito por el costo tan elevado que tendría una plataforma gigante y los particulares tendrían que pagarlo, convirtiéndose en un nuevo impuesto para las empresas y los particulares. 

Uno de los cuatro reparos que le hizo la Corte Constitucional al proyecto de Código Electoral anterior, fue precisamente que no se hizo un estudio sólido y verdadero sobre el impacto fiscal que este ocasionaría en las finanzas públicas, ni de donde saldrían los recursos para acometer un proyecto de dimensiones colosales en materia de informática. 

Este tema de tecnología tiene que ver mucho también con el pretendido propósito de implantar en Colombia el voto electrónico, una quimera del Registrador Nacional que quiere meter al país en un sistema que ya ha sido recogido en paises como Alemania, Holanda, Finlandia e Irlanda, entre otros, que descubrieron a tiempo que esta tecnología informática se puede aplicar en cualquier cosa menos en elecciones, como decía Bill Gates y regresaron al voto en papel que se puede contar las veces que se quiera y que está al alcance del ciudadano medio, como dijo la Corte Constitucional alemana. Si son capaces los hackers de penetrar a cuentas bancarias y sustraer dinero de ellas, que están protegidas por claves personales y claves dinámicas que cambian cada 30 segundos, qué no podríamos decir cuando nos viéramos enfrentados a unos escrutinios encriptados en las “cajas negras” de unos computadores manipulables. 

Y el otro tema, que también deja muy mal parado al Registrador Nacional, fue la crítica unánime que recibió la pretendida creación de cargos inútiles que duplican las funciones de los actuales delegados departamentales, o sea varios empleados haciendo lo mismo, y la terminación de la carrera administrativa en la Registraduría a la que están obligados a respetar constitucionalmente los funcionarios que ejerzan este cargo (artículo 266). Se pretende que todos los registradores municipales sean de libre nombramiento y remoción del Registrador.  

Afortunadamente varios de los participantes en la audiencia de la Comisión Primera del Senado le hacen caer en la cuenta al Congreso que este proyecto de ley, cuyo origen está en la RNEC, debe cogerse con pinzas.