$212 mil millones en créditos para el campo terminaron en grandes empresas.
Una investigación de la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba y su delegado Gabriel Romero, concluyó en que la asignación de créditos blandos para productores del campo terminó, en las manos de grandes empresarios.
Según la Contraloría General de la República, los directivos de Finagro, cuya cabeza visible es Dairo Estrada, están en serias dificultades con las autoridades anticorrupción.
Como este caso tiene profundas repercusiones en los aspectos penal y disciplinario, se espera pronto pronunciamiento del Procurador General Fernando Carrillo y del Fiscal General Francisco Barbosa, quienes con el Contralor General Carlos Felipe Córdoba han conformado el equipo “Transparencia en la emergencia”, para proteger los recursos en esta guerra contra el Coronavirus.
El panorama es muy sencillo. El 27 de marzo, cuando se inició esta emergencia de la pandemia por el coronavirus o Covid-19 la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que preside el Ministro Rodolfo Zea, aprobó la creación de una línea especial de crédito (LEC) denominada Colombia Agro Produce con tasas, plazos y condiciones especiales.
Este decreto estaba diseñado para apoyar a los pequeños productores del campo para garantizar la cadena de producción y lógicamente el abastecimiento de alimentos en todos los rincones de Colombia.
El ministro de Agricultura Rodolfo Zea firmó la resolución y quedó activada la línea de crédito.
La Contraloría General de la República dice en su informe que de esos $226 mil millones en créditos, el 94% fue para grandes empresarios, 4% para medianos y tan solo 2% para los verdaderos campesinos.
El portal El Expediente, que dirige el colega Gustavo Rugeles, publicó el informe. Y por su trascendencia, El Reverbero de Juan Paz y Rut@Noticias lo reproducen. (Lea El Expediente).
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