Altus el bajo

Por Martín Cardona Mendoza

Hago referencia al abogado Altus Alejandro Baquero Rueda, elegido por el Congreso de la República el 30 de agosto de 2022 a nombre del Partido Liberal, Magistrado del Consejo Nacional Electoral. Altus egresó de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el 27 de agosto de 2023 llegará a los 39 años y según lo acreditó el Consejo Superior de la Judicatura, la expedición de su tarjeta profesional número 161.616 data del 20 de septiembre de 2007.

Todo indica que, a sabiendas, la elección del hoy Magistrado Baquero Rueda fue irregular por una razón simple y de fácil probanza: acreditó los requisitos el 17 de agosto de 2022 y apenas el 20 de septiembre de 2022 presuntamente cumpliría los 15 años que exige la normativa vigente para acceder entre otras magistraturas, a la de Magistrado del CNE como lo exige el artículo 232 de la Constitución Política.

La comisión de acreditación documental conjunta del Congreso, de la que hicieron parte entre otros, los parlamentarios del Pacto Histórico Álex Flórez Hernández y Luz María Múnera Medina; rindió dictamen favorable a la hoja de vida de la siempre cuestionada postulación de Altus antes de ser elegido el 30 de agosto de 2022 alegando presuntas inhabilidades. Muchas voces se alzaron a través de veedurías ciudadanas y una acción popular propuesta por el abogado Giovanny Décola que le pedían al pleno del Congreso no votar el nombre de Altus en defensa del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

Pero la valentía ciudadana frente a un error jurídico tangible cometido inicialmente por el partido postulante, luego por la comisión de acreditación y después por el Congreso de la República al elegirlo magistrado; no cesó. Además del abogado Décola, las jóvenes abogadas María Angélica García Sarmiento, Pamela Melissa Hernández Cabrera y el ciudadano Nicolás Youn Díaz; formularon separadamente demandas electorales contra el hoy magistrado. Dos de los demandantes solicitaron suspensión provisional del irregularmente elegido por estar incurso en causal de inelegibilidad por una patente violación al régimen de inhabilidades.

En la decisión de las solicitudes de suspensión provisional, la Sección Quinta del Consejo de Estado, que tendrá el encargo de resolver este asunto en única instancia, presentó un empate, dejando en manos de un conjuez de la Sala Electoral, la suerte del Magistrado Altus Alejandro. Este 7 de febrero se conocerá el nombre del conjuez que tendrá el carísimo encargo de decidir la suerte judicial del encartado magistrado. Se espera el acierto de este tercer juez y que después la Sección Quinta anule su elección.

Algo está claro cuando se sepa el nombre del conjuez: las intrigas crecerán por parte del Partido Liberal para intentar mantener indemne a toda costa la elección de Altus.

El asunto de fondo al que se contrae la discusión judicial es que al contabilizar los tiempos como lo manda la normativa vigente, entre ella el parágrafo 1 del artículo 138 de la Ley 270 de 1996 conocida como Ley Estatutaria de la administración de justicia; los 15 años que exigen la Constitución y la ley como experiencia para llegar a una magistratura, no cuadran.

En el expediente electoral que tuve la oportunidad de escrutar, aparece el certificado número 459006 del 16 de agosto de 2022 que certifica que al Magistrado Baquero Rueda le fue expedida su tarjeta profesional el 20 de septiembre de 2007.

El parágrafo 1 del artículo 138 de la Ley Estatutaria referida establece que la experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados.

Si en gracia de discusión, la comisión de acreditación desoyó lo ordenado por esa normativa y tuvo como fecha límite la graduación del demandado que fue el 22 de agosto de 2007, tampoco los tiempos dan; porque el Partido Liberal postuló su nombre el 17 de agosto de 2022, último día de la convocatoria hecha por el Congreso.

No hay ninguna discusión frente a la formación de Altus Alejandro Baquero Rueda que es vasta y bastante, incluso acreditó sus experiencias iniciales en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo grave del asunto es que en un intento desesperado por validar a toda costa los 15 años de experiencia, haya caído bajo al incorporar a su hoja de vida –presuntamente- información falsa, como lo alegan los demandantes.

Así lo consigna en su demanda María Angélica García Sarmiento, que indicando con rigor fechas y presuntos empleos de Altus, para rellenar a toda costa la experiencia que no era suficiente, señala: 

“7.6 De acuerdo, con la hoja de vida presentada por el señor Altus Alejandro Baquero Rueda, para su postulación como Magistrado del Consejo Nacional Electoral ante la Comisión de Acreditación en cita, su primera experiencia laboral fue en el año 2007 con la abogada Mónica Lozano Torres (alumna del demandado y contratista de la Defensoría del Pueblo), aunado a otras 11 certificaciones de experiencias laborales con ella como persona natural o su Empresa Fortaleza Legal S.A.S., que anexó a la última postulación, sin embargo, no obra constancia en estas en el SIGEP II en lo que respecta a su vinculación con la Defensoría del Pueblo.”

Y en otra parte de la demanda se indica:

“Es decir, en sus hojas de vida publicadas no se registran estas vinculaciones y, ahora, cuando necesita acreditar un mínimo de 15 años de experiencia profesional aparecen de la nada 22 certificaciones… como si fuera poco, se observa que la mayoría de estas nuevas certificaciones, se encuentran suscritas por la señora Mónica Lozano Torres, quien además fue alumna del demandado en la Universidad Sergio Arboleda y a quien se le adjudicó un contrato en la Defensoría del Pueblo por más de 138 millones de pesos que, por demás, fue celebrado por Altus Alejandro Baquero Rueda, como ordenador del gasto de dicha entidad, lo que aumenta las sospechas sobre las aparecidas certificaciones. 

Otro que también tiene en riesgo su elección como Magistrado de esa corporación administrativa electoral por cuenta de otra demanda por una presunta inhabilidad es el ya encartado desde hace mucho –por otras causas judiciales- es Álvaro Hernán Prada Artunduaga, exsenador del Centro Democrático y quien también, buscando llenar el requisito de los 15 años de experiencia; acreditó unos inusuales trabajos previos. Bajo la gravedad de juramento, le dijo a la comisión de acreditación -que también le dio la vía libre- que laboró como gerente en la empresa ATHLETIC CMD durante 43 meses, se trata de un gimnasio. Si esto fuera poco, también acreditó que trabajó desde el 5 de mayo de 2022 hasta el 17 de agostodel mismo año (fecha en la que postuló su hoja de vida) en otra sociedad privada dedicada a la actividad física SALUD VITAL HUILA S.A.S., como se lee en una de las demandas.

Parece que los demandados olvidaran que los requisitos deben cumplirse al momento de la inscripción, no con posterioridad ni al momento de la elección. Lo extraño de Prada Artunduaga que hace parte del opositor partido Centro Democrático es que fue impuesto por el ex presidente Uribe Vélez y en forma unánime y en inusitada mansedumbre contó con el respaldo de esa bancada.

A diferencia de Altus, el Magistrado Prada tiene escasísima formación en asuntos electorales. Aun así la comunidad jurídica estará atenta culminado el proceso de inscripción para las elecciones territoriales de 2023, a leer sus enjundiosos salvamentos de voto defendiendo los intereses de su partido.