El Reverbero de Juan Paz publicó unas notas sobre la citación de la Comisión de Acusaciones al exmagistrado José Luis Barceló, denunciado por unas supuestas interceptaciones ilegales al expresidente Uribe.
Fueron varios los correos de dirigentes políticos y de algunos empresarios, quienes expresaron de una u otra forma que esa Comisión ni siquiera asusta a nadie, por su ineficiencia.
El Reverbero de Juan Paz con la intención de aportar argumentos a la discusión, consultó un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia sobre la Comisión de Acusaciones, publicado el 4 de julio de 2018, en vísperas de la presentación del proyecto a la reforma a la justicia, para que esta responda a las verdaderas necesidades de esta rama del Poder Público.
Veamos lo que dice: La Justicia para Aforados ha sido uno de los temas estudiados debido a las críticas que ha recibido la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República.
Esta institución se ha caracterizado por la ineficiencia en el cumplimiento de su función, lo que se evidencia en el hecho que desde su creación en 1992 no ha producido ningún fallo de fondo.
A partir de la información recibida por la Comisión el 4 de diciembre de 2013 como respuesta a un derecho de petición enviado a la entidad, son 3.496 procesos los que han sido puestos en conocimiento de la Comisión desde el año de 1992; el 42% son denuncias contra magistrados de las altas Cortes, el 30% contra el Presidente de la República y el 28% corresponde a denuncias contra la Fiscalía General de la Nación.
El que sean los magistrados de las altas Cortes aquellos con mayor número de denuncias en principio es preocupante, sin embargo, y debido a que la Cámara de Acusaciones no tiene un sistema de información que permita desagregar el tipo de conductas punibles por el que han sido denunciados, no es posible hacer una conclusión sobre la causa de esta situación.
La Comisión de acusaciones ha sido una institución tan ineficaz en Colombia para impulsar la investigación penal de los aforados, que no ha concretado ni siquiera un fallo de fondo en sus 22 años de vigencia.
Las 1966 denuncias que han sido evacuadas es porque terminan por el archivo de la investigación del caso. Entre los casos que han sido terminados en su procedimiento por archivo de la investigación, se observa que hay una cierta igualdad en cuanto al tipo de aforado, pues se identificó una variación máxima del 6% entre el archivo de investigaciones contra el Presidente de la República, los magistrados de las altas Cortes y la Fiscalía General de la Nación.
Es igualmente preocupante que existan 1530 (el 44%) casos pendientes, lo que es indicativo de la falta de capacidad de esta dependencia para tramitar oportunamente las denuncias que conoce.
Estas cifras respaldan afirmaciones hechas en referencia a la Comisión de acusaciones como un congelador, en el que tan solo se realizan denuncias que nunca salen de la Comisión.
De la misma manera, los datos dejan un sinsabor en cuanto al mismo órgano, pues se despiertan algunas dudas sobre las que es necesario reflexionar.
¿Un órgano de origen político tiene la capacidad para realizar investigaciones disciplinarias y criminales a los altos funcionarios del Estado? ¿Este represamiento de casos se debe a la falta de división en el conocimiento de los tipos de procesos (disciplinario o penal)? ¿Es necesario crear un órgano de origen judicial diferente que cumpla estas funciones?
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