Vistazo a los hechos: el Gobierno de Petro le apuesta a la impunidad

Por Gabriel Zapata Correa

Históricamente en el país ningún presidente de la República había sentado un precedente más nefasto, que el que acaba de dar el mandatario de izquierda, Gustavo Petro, al anunciar oficialmente que no acatará las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, contra funcionarios de elección popular, porque, según él, van en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El mandatario se negó a implementar la suspensión del alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes, de quien no es políticamente cercano, y del alcalde de Cartagena, William Dau.

“Se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”, le escribió Petro a la procuradora general Margarita Cabello Blanco, citando de paso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Obviamente que el presidente Petro está dando un salto olímpico para desconocer un mandato constitucional, porque deja a la Procuraduría General sin dientes para castigar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular que incurran en probados actos de corrupción, como en los casos del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez y el de Cartagena, William Dau Chamat, también suspendido por cuatro meses.

El Gobierno nacional es el que debe ejecutar la suspensión y nombrar un reemplazo provisional de Bermúdez y de Chau. Pero, argumenta el presidente, es también una obligación del Ejecutivo “garantizar el cumplimiento del artículo 23 de la Convención ADH y ratificar los estándares convencionales de los fallos de la Corte IDH”. Según él, cumplir con el pedido de la Procuraduría pondría al país en riesgo de ser demandado por un “presunto acto ilícito internacional”.

Sin embargo, la procuradora basa su interpretación alternativa en la Constitución Política de 1991, norma que tiene la misma jerarquía en Colombia que el Pacto de San José, y en una tesis que se ha aplicado en el país de forma sostenida. “La Corte Constitucional avala a la Asamblea Constituyente, que determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación”, respondió Cabello.

Según ella, el país sudamericano es un caso especial que necesita que estas funciones no se restrinjan a los jueces penales: “La lucha contra la corrupción en Colombia sobrepasa los límites, casi que del mundo entero”. Y lo que explica la procuradora es que el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Petro es específico y no puede tener una aplicación general, como lo quiere interpretar el mandatario.

Ella dice con razón, que el mandatario desconoce las atribuciones que le otorga la Constitución. “Ojalá que no se rompa la democracia”, declaró.

Con esta determinación autocrática del presidente Petro, demuestra que a él no le gusta el orden constitucional, y que mientras pueda desmarcarse de las instituciones lo hará, por encima de lo que sea, amparado en sus interpretaciones personales, así como quería que el Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejara en libertad a los individuos procesados y algunos condenados por los hechos violentos y criminales de la protesta social en el gobierno del presidente Duque.

Con esta patente de corso, emanada nada menos que de la Presidencia de la República, los alcaldes, gobernadores y corporados de uña larga, con vocación corrupta, deben estar felices, pues por el momento no habrá institución del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, que les ponga talanquera legal a sus ambiciones desmedidas con los dineros de los colombianos.

Realmente el mensaje de este gobierno es claro. Le está apostando a la impunidad. Esta es la mejor época, la época de oro en la historia del país para los delincuentes y criminales, quienes tienen todo servido en bandeja de plata. El que delinca recibirá estímulos económicos para que respete la ley, y el que lo siga haciendo será nombrado gestor de paz.  

Y un excelente ejemplo que el presidente Petro les da a los colombianos desconociendo la Constitución, nuestra Carta Magna.

Por eso vale la pena recordar la contundente respuesta de la procuradora a Petro: “Todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país”. Queda claro que la ley es la que le guste a Petro, y punto.