Una reforma agraria con enfoque territorial 

Por José Hilario López 

La mayor parte de la población rural en Colombia está ubicada en el lugar equivocado. En el proceso de ocupación del territorio nacional los campesinos fueron expulsados de las tierras planas y fértiles, lo que los obligó a desplazarse hacia la frontera de colonización selvática, tanto en el Pacífico como en el Amazonas, así como hacia las tierras de ladera en la zona montañosa andina. 

En lugar de tener la mayor densidad de población donde están los suelos fértiles y los terrenos planos, los más aptos para la para la agricultura, tenemos esas áreas dedicadas a la ganadería extensiva y a la captura de rentas por valoración de la tierra, que es el verdadero negocio de los grandes terratenientes. Como resultado de este proceso de apropiación del suelo por parte de una casta privilegiada aliada con el poder político, el 81% del territorio está en poder del 1% de la población en Colombia, según la ONG Oxfam. Este uno de los índices de inequidad más altos del mundo. 

Desde las primeras décadas del Siglo XX empezaron a agudizarse los conflictos entre los campesinos sin tierra y los grandes latifundistas, lo que se agravó a partir de los años 70 con el surgimiento de las guerrillas y de los paramilitares, a lo cual se sumaron los cultivos de hoja de coca y la conformación de poderosos carteles del narcotráfico. 

Mientas que hoy en Colombia apenas se cultivan 7 millones de hectáreas, tenemos 39 millones dedicadas a la ganadería. Sin embargo, no somos grandes productores de ganado: tenemos uno hato de apenas 28 millones de cabezas, la mitad de lo que produce Argentina con una carga de 2,6 cabezas por hectárea mientras que en Colombia apenas alcanza a ser de 0,7, lo que equivale a una productividad 3,7 veces menor que la del país austral; por otro lado, estamos importando más de 14 millones de toneladas anuales de alimentos. 

Como lo anota Alejandro Reyes, quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los problemas del agro colombiano, en un reciente reportaje concedido a BBC Mundo, las reformas agrarias que se han intentado para resolver los conflictos creados por la desigual tenencia de la tierra en nuestro país han sido, en general, tímidas, marginales, limitadas. La reforma agraria de los años 60, considerada la más avanzada, apenas ha permitido entregar a los campesinos, en 50 años, menos de 2 millones de hectáreas. Y en el acuerdo agrario de La Habana (primer punto del proceso de paz concertado con las FARC, que se firmó en 2016), el gobierno se comprometió a distribuir 3 millones de hectáreas. Un poco más del 50% de lo que se acordó, parceló y distribuyó en medio siglo. Aún con todo lo osada que fue la reforma agraria acordada en La Habane, es una reforma moderada, parcial. 

Y para rematar el mismo Reyes agrega: Más que no haya habido intentos de reforma agraria, lo que ha pasado en Colombia es que todas las reformas han fracasado. Y eso se debe a dos cosas: que hay oposiciones muy fuertes y que hubo errores de concepción en el diseño de las reformas. Por ejemplo, apenas ahora estamos empezando a hablar del enfoque territorial para pensar el problema agrario. 

“Colombia tiene cerca de 100 territorios diferenciados geográficamente (…). Cada uno de ellos tiene sus lógicas, no solo ecológicas, sino económicas, políticas, culturales. Y el problema agrario se define, y se tiene que resolver, según las características de cada territorio. En Colombia no hay un problema agrario, hay 100 problemas agrarios diferenciados, que no pueden recibir el mismo tratamiento de parte del Estado. Si usted no se acomoda a la complejidad, la complejidad lo derrota”. 

Ahora veamos la reforma agraria que propone el actual gobierno nacional con la compra de 3 millones de hectáreas a los ganaderos. La meta del presidente Petro y su ministra de agricultura Cecilia López, durante el presente cuatrienio, es entregar 10 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra.  

Aunque con base la Ley 200 de 1936 el Gobierno Nacional podría haber iniciado procesos de extinción de dominio de tierras ociosas, como lo es la mayoría de las ocupadas por el hato ganadero, prefirió comprarlas. Esto, para empezar, es un buen comienzo y garantía de poder cumplirle a los campesinos lo acordado en La Habana, sin ahondar más la confrontación. 

En segundo lugar, es claro que el Gobierno Petro entiende bien el concepto de enfoque territorial, y así lo está aplicando en los diálogos con el ELN y con los que pretende avanzar hacia La Paz Total con los demás grupos armados. Si esto lo lleva a la reforma agraria que se inicia con la entrega de los 3 millones de hectáreas a los campesinos sin tierra, sobre todo a aquellos que están siendo utilizados para la destrucción de la selva amazónica, en beneficio de grandes inversionistas que buscan extender el hato ganadero y los cultivos de palama africana, por no hablar de los cultivos ilícitos, creo que vamos por un buen camino que merece todo el apoyo del país.