Un país que no olvida es un país que no olvida 

Por Darío Ruiz

Aún es recordado en una población antioqueña el caso de un niño que fue testigo del asesinato de sus padres. La Justicia engavetó el crimen considerando que era un crimen más de los sucedidos durante la llamada violencia “interpartidista”. Un eufemismo jurídico que eludía la directa responsabilidad de los jueces ante cada caso personal o sea ante cada particular hecho de violencia.  

Cuando olvidamos los hechos, recuerda Camus, nos olvidamos de la verdad. El niño ya convertido en un adolescente esperó al asesino, para entonces un respetable ciudadano y lo mató a cuchilladas en la calle mayor del municipio.  

La tragedia griega ha ilustrado lo que significa este tipo de venganza como la trágica elección de un ser humano ante la traición de la justicia humana. El llamado Acuerdo de Paz partió de una astuta jugarreta lingüística al englobar el concepto de “víctima” bajo una consideración abstracta lo cual permitió que los casos de crueldad y tortura no hayan podido ser particularizados y que un crimen como el de Monseñor Duarte Cansino, a manos de las FARC haya sido tácitamente declarado como un “caso más de la guerra” ¡Qué tal! Una perversa noción de justicia que bajo el rótulo de una Paz retórica condena a quiénes recurran al derecho a la defensa propia tal como lo legitima plenamente un pensador de la talla de Norberto Bobbio.  

Esta manipulación del concepto de Paz, determinó diabólicamente como si fuera un implícito, la licencia otorgada a las FARC a matar hasta el día y la hora en que empezara aquel carnavalesco acuerdo entre Thimochenko y Santos. 

Un ejemplo: la emboscada en Doncello, Caquetá, – 14 agosto 2010- en donde quince policías fueron asesinados por las FARC, sus cadáveres rociados con gasolina y luego incinerados. Un brutal crimen de lesa humanidad, una demostración de la crueldad y la sevicia del Secretariado de las FARC que en esos momentos se regocijaban alegremente con la “progresía” del Norte de Bogotá.  

Ni la Fiscalía ni la Procuraduría lograron condenar a los responsables y bajo este pacto habanero la impunidad cerró el caso, pero nunca el olvido sobre cada uno de estos héroes de la patria cuyo sacrificio seguirá haciendo un eterno reclamo a los llamados magistrados(as) de la JEP, al periodismo inmoral.  

Ya me he referido en otras ocasiones al asesinato de Genaro García, líder afrodescendiente de la región de Tumaco y a otros líderes de esta región, asesinados  por una orden directa del Secretariado de las FARC, 

a pocas semanas de la firma del Acuerdo de La Habana, con el fin de apoderarse de esta región y dedicarla a los cultivos de coca. 

Después de ver el video en el noticiero de RCN, donde aparece la magistrada Lemaitre aconsejando al abogado de las víctimas que la presencia de éstas no es necesaria ya que pueden enviar un papelito, vemos  a Piedad Córdoba  mirándose las uñas, con su inmenso turbante, su traje africano, impertérrita, sobrada como si durante semanas enteras hubiera estado estudiando la gestualidad, el histrionismo  teatral, la dirección correcta de la mirada a las cuales recurrió su admirado Carlos “El Chacal”, en el momento de enfrentar los interrogatorios  de la Justicia Internacional.  

No es necesario saber de antemano que hizo grandes negocios con Saad ni con Chávez ni con Maduro y que habla con melosa familiaridad de terroristas como Márquez y Santrich para saber que sí es culpable de todo de lo que se le acusa. Basta con leer a Le Carré para enterarnos de la relación directa que se establece entre este terrorismo y las cloacas de un gobierno, en este caso entre el poder santista- fariano  al confesar impávidamente que Santos, Iván Cepeda, Samper, Ramiro Bejarano, Cristo, conocieron en su momento el nombre de los asesinos del Dr Gómez Hurtado y los callaron para llevar adelante su perverso proyecto de “Paz”.