Neoliberalismo: gran paradoja 

Por Claudia Posada 

A raíz del controversial asunto, al tomar partido sobre el nombramiento de Fiscal General de la Nación, considerando que las ternadas por el presidente Petro pasaron la prueba de sus respectivas hojas de vida al ser aceptadas para iniciar el proceso de elección, que ya va para una segunda ronda sin designar a alguna de  ellas, se ha empezado a hablar de lo que se entiende por el termino Lawfare; palabra que según especialistas implica: “El uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, y el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial”. Este segmento se extrae de una amplia explicación que se lee en alguno de los artículos publicados por el CELAG -Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, dedicado al análisis e interpretación de acontecimientos políticos, económicos y sociales en los países de América Latina y el Caribe-. Además, señalan en el mismo que, “Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial”; y añaden dos ejemplos que esclarecen el posible desconocimiento al respecto: el juicio a Lula da Silva, y el golpe de Estado a Dilma Rousseff. 

Antes de seguir, aquí es bueno considerar una nota del medio La silla Vacía, que nos recuerda cómo “Por DetectBot de La Silla Vacía (+57 3102940910) llegó una imagen que dice: “Estos son los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 5 MAGISTRADOS DE LA U, 2 CONSERVADORES, 2 LIBERALES, 5 CAMBIO RADICAL, 7 CENTRO DEMOCRÁTICO. ¿Ahora entienden porque no han elegido al nuevo fiscal?”. ES FALSO QUE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA VENGAN DE PARTIDOS POLÍTICOS”. Así respondió la Silla Vacía a la consulta para el Detector de noticias (que puntualiza si falsas o verdaderas) sobre cuotas políticas de los Magistrados, lo que rodó profusamente en las redes sociales. “Esa información ha circulado en los últimos días en medio de las votaciones que realiza la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal general de la nación. En el Detector de Mentiras encontramos que es falsa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son nominados por un partido y su elección tampoco tiene ninguna relación ni con el Congreso de la República, ni con los partidos políticos. Escríbanos al DetectBot  cuando vea información que no sepa si es cierta. Nuestro equipo de periodistas la verificará para usted”.  

Volviendo al concepto de Lawfare, así como al de Lava Jato (de actualidad cuando el caso Odebrecht) que nos presenta el artículo del CELAG, se precisa lo siguiente como caso ilustrativo: “El juicio a Lula da Silva se lleva a cabo como parte de la mega causa conocida como “Lava Jato”, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff. Este juicio es parte de una estrategia de Lawfare, tal como lo han denominado especialistas, que implica: el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Lo anterior se inscribe en un proceso de judicialización de la política (desde arriba), donde el aparato judicial se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, dinámica que puede conducir a una “dictadura de los jueces” (y una pérdida total de equilibrio entre poderes).Para ser exitosa, esta guerra jurídica requiere articulación con los medios de comunicación y redes sociales, que operan para manufacturar consentimiento en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. La aceptación o la eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública”. 

Analistas, investigadores y asesores políticos, estudiosos de la Ciencia Política, doctores en Ciencias Sociales, filósofos, antropólogos y sociólogos, son, entre otros, los columnistas del CELAG. Recordemos que tal vez habían corrido algo así como seis meses del mandato de Duque cuando leímos de alguno de ellos: “Iván Duque es un fiel defensor del modelo económico neoliberal enquistado en Colombia desde los años 90…” entonces cabe aquí recabar no solamente en el gobierno de Duque sino en los anteriores a él de los últimos 33 años, cuando se escribió la Constitución Política de Colombia que, según algunos politólogos, enmarca nuestro modelo de Estado en el Neoliberalismo asumido desde entonces. ¿Y por qué se trae a cuento el Neoliberalismo? Porque aparte de mencionarse que uno de los objetivos del Lawfare es lograr su restauración, se evidencia lo inconveniente, por ejemplo, del tipo de contratos y contratación a terceros en este esquema.  

La reducción del tamaño del Estado, con lo que se pretendía austeridad del gasto público, desembocó en el auge de la contratación. Profesionales y otros trabajadores con contratos de prestación de servicios a un año o menos y la consiguiente preocupación por la inestabilidad laboral, puede bajar el rendimiento y sentido de compromiso; por otra parte, fueron creciendo sin el rigor del control debido y de manera descomunal, los contratos a terceros; empresarios del sector privado, lo mismo que particulares independientes, son ocupados, por ejemplo, para ejecutar obras que antes estaban a cargo de los servidores públicos vinculados, dejando de lado su experiencia, destrezas y saberes, frustrando a funcionarios que irónicamente pasaron a estar al margen de terceros contratados justamente para lo que ellos saben hacer. Y no se produjo la tan anunciada austeridad, por el contrario, los derroches en contratos son una vergüenza. 

Encontramos en Textos y Contextos, publicación de la Universidad Central del Ecuador, con el título “Colombia y su proceso de Neoliberalismo Democrático Autoritario”, una investigación de Luis Daniel Botero Arango, Comunicador Social-Periodista, Especialista en Periodismo Público, Mg. en Ciencias Sociales, Mg. en Comunicación y Opinión Pública, allí se lee un párrafo que dice: “Las políticas del neoliberalismo, su estructuración y puesta en marcha, han traído consecuencias negativas para el desarrollo de la sociedad contemporánea, en términos de equidad e identidad: el debilitamiento del Estado y, por tanto, de las estructuras democráticas; estigmatización y rechazo a los discursos y exigencias de los movimientos sociales; el deterioro de las condiciones de trabajo y las estructuras de integración social”. Bajo la doctrina del Neoliberalismo, se encuentran teorías y vertientes diferentes, lo mismo que posturas y propuestas diversas aplicadas en mandatos de muchos países del planeta; sus doctrinas son seguidas y admiradas por unos, rechazadas también en algunos casos pues sus principios benefician a ciertos sectores de la sociedad y golpean a otros.  Por lo demás, parece que es imperativo tener en cuenta que, los modelos de Estado no funcionan igual en países de gran desarrollo, que en los de la región latinoamericana, en donde Colombia padece circunstancias sociales de particular relevancia.