Marchas de marchas

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Por Ricardo Correa 

El 10 de julio de 1997 fue secuestrado Miguel Ángel Blanco, joven concejal por el Partido Popular de España en su pueblo, Ermua, País Vasco.

Sus captores de ETA exigían que todos los presos etarras de España fueran trasladados a cárceles vascas en 48 horas. Si su petición no se cumplía en este término ejecutarían a Blanco. El concejal fue finalmente asesinado. Con solo saberse de su secuestro, empezaron a formarse manifestaciones y marchas por todos lados, primero en su pueblo y en todo el País Vasco, y luego España entera se sumó a la protesta.

Se calcula que en Bilbao marcharon 500.000 personas y en toda España 5 millones durante su cautiverio. Y con su muerte, la levadura de la indignación hizo que las marchas de su funeral paralizaran toda España, solo en Madrid, ciudad de 3 millones de habitantes para entonces, salió un millón de personas. Este suceso y la respuesta ciudadana tuvieron un efecto definitivo en el proceso de ETA y su final disolución en 2011.

El 4 de febrero de 2008 Colombia vivió una jornada histórica en cuanto a protesta ciudadana: todas sus ciudades albergaron monumentales manifestaciones contra el secuestro y contra las FARC, principal ejecutor de este delito para ese tiempo. Se calcula que marcharon 6 millones de personas. Hay que recordar que desde 1996 el secuestro se había multiplicado dramáticamente y que desde 1998 los secuestros de militares y políticos representaban un drama mayúsculo para el país entero, pues su permanencia en manos de sus captores era eterna y en condiciones inhumanas.

El mensaje fue claro e inequívoco: la sociedad entera rechazaba esta práctica criminal y a quienes la ejecutaban. Dos elementos llevaron a las FARC a la mesa de negociaciones de La Habana: su debilitamiento militar y su rechazo político, y en este último la marcha del 4 de febrero de 2008 marcó un hito.

En los últimos meses el tema de las marchas y la manifestación ciudadana ha vuelto a estar en el debate público, básicamente por el llamado que ha hecho varias veces el presidente Petro para que su gobierno y sus propuestas de reforma sean apoyados por sus votantes y adherentes en la calle.

La repetición de este llamado empieza a convertir a la ‘calle’ en una sacrosanta palabra, con la pretensión de que sea el epicentro de la vida política y que tenga la capacidad de imponerse a la muy compleja red de instituciones y dinámicas que configuran la vida del Estado.

Ante la gran dificultad que Petro ha tenido para convertir en realidad sus reformas legales, y la crítica general a su gobierno, el Presidente ha clamado por un respaldo ciudadano en la calle. A su vez, la oposición también llama a marchar con la pretensión de que en los cálculos del número de caminantes y protestantes salga favorecida.

Es cierto que hasta ahora el pulso lo ganan los malquerientes de Petro, pues ante los 20.000 que salieron en todo el país hace poco respaldando al mandatario, hace dos días se manifestaron 100.000 en su contra. Y es bueno que el Presidente tome nota de esto.

Pero en un país de 50 millones de habitantes, tomar estas marchas como referentes de la política nacional es un error y es distraer la energía de lo verdaderamente importante.

Quedó demostrado para el gobierno que la calle no es el lugar para buscar el combustible que le permita mover la máquina del Estado. Pero también debe quedarle claro a la oposición más obtusa y delirante que debe abandonar su fantasía de tumbar al gobierno, de que Petro renuncie. A no ser que haya una causa judicial irrebatible, la salida de Petro de la presidencia sería lo peor que le podría pasar al país, encendería una mecha de un barril de pólvora.

En este momento, aquí en Colombia, es en el flujo institucional donde hay que centrar la acción política. Y es aquí donde el Gobierno y especialmente el presidente Petro van perdiendo la materia. 

Qué bien que les haría tomar un curso muy serio de negociación, lástima que el profesor Roger Fisher ya se murió, pero quedan sus discípulos y los libros que escribió.