Madurismo y Farc y el intento de planificar los territorios  

Por Darío Ruiz Gómez 

La entrevista que Iván Cepeda concedió a Claudia Gurisati sobre la propuesta de la Comisión de Paz del Congreso, – constituida en su totalidad por militantes del Partido Comunes- acerca de verificar la marcha de las políticas de la paz total en cada territorio, dejó al descubierto que la estrategia de Cepeda se hace recurriendo al LAWFARE: “Guerra jurídica creada para referirse al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales para dar apariencia de legalidad. Y …”la persecución judicial permite detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar y desprestigiar oponentes”. 

Cepeda fue justificando con sofismas extraídos de las leyes consagradas la “legalidad” de este intento de manipular la justicia para imponer su concepto de “Paz total”.  

Recordemos al personaje de comedia bufa, Jesús Ángel Bobadilla, Magistrado de la JEP, recurriendo al Lawfare para “demostrar” que Santrich era una cándida paloma y debía estar en el Congreso tal como de inmediato se hizo. O lo que una terrible guerrillera como Sandra Ramírez pretende hacer contra Lorena Murcia, una víctima de las Farc o sea de Lozada, con una vergonzosa conminación de la Fiscalía por “injuria”. O el “Entrampamiento” como desvergonzado sofisma.  

Con una capacidad innata para enredar los conceptos, y hacer aparecer a la Ley como justificadora de cualquier intento de convertir la Justicia en una parodia jurídica a su uso, Cepeda fue soltando impávidamente sofismas tan deshonestos como que no era necesaria la presencia de la ONU y de la Cruz Roja como verificadoras internacionales de estos procesos de paz en las distintas regiones y estaba a cambio justificado que las verificadoras fueran las oenegés afines a las Farc; un asalto a ojos visto a la República y a la democracia que fue contestada con una deslumbrante claridad por el representante Hernán Cadavid.  

¿Qué fue lo que milagrosamente vino en último momento a frustrar este intento de zarpazo a nuestras instituciones, a nuestra territorialidad, al derecho de las víctimas? La expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la condena universal de Maduro y de sus Ministros como criminales de guerra a la altura de Stalin o de Pol Pot. ¿Abrazar a un condenado por crímenes de guerra como con entusiasmo lo hizo el Canciller Leyva?  

La presencia de la ONU y de la Cruz Roja era imposible de negar por este azaroso Comité de Paz nombrado por Cepeda ya que es una norma consagrada por la Corte Penal Internacional. Esta condena de un genocida, autor directo de masacres de inocentes  y de un régimen de terror impidió que el intento de planificar el nuevo territorio de la “Patria Bolivariana”  que ya estaba previsto con la negación a nuevas exploraciones de gas y de petróleo, o sea  convirtiendo a Colombia en una reserva petrolífera y carbonífera, estrepitosamente se les haya venido abajo y por lo tanto el concepto de territorio a la luz de estos acontecimientos se deba seguir haciendo  pero ya bajo dos conceptos radicalmente diferentes a los manipulados por el populismo fariano: el de los verdaderos invasores de territorios – el ELN, las Disidencias, la Nueva Marquetalia – y el de los  “pueblos originarios” discriminados, etnias por etnias en su diferencia y el derecho a ser reconocidos como individuos y desplazados por estos invasores de sus “territorios originarios”.  

¿Cuántos asesinatos se han producido en Suárez, Caldono, Corinto a lo largo de este año? ¿Cuántos ciudadanos afrodescendientes han sido asesinados por supuestos indígenas?  

El Cauca es el polvorín en el cual confluyen estos sofismas étnicos y la falsa promesa de que el mayor negocio capitalista del mundo desaparecerá de buenas a primeras y los asesinos se convertirán en bondadosos campesinos.