Lo que olvida el discurso anticombustibles fósiles (II)

Por José Hilario López 

En pasada columna me referí a la catástrofe humanitaria y tecnológica que significaría suprimir de un tajo la energía proveniente de los combustibles fósiles, tal como lo han estado proponiendo grupos de ambientalistas del primer mundo, así como el actual gobierno colombiano con su decisión de no otorgar mas contratos de exploración de hidrocarburos en el territorio nacional, a lo que se agrega una política en contra de las explotaciones carboníferas.

Empecemos por analizar las proyecciones del consumo mundial de petróleo hasta el año 2050, cuando los organismos multilaterales suponen que se habrían reducido al mínimo las emisiones de carbono a la atmósfera. Sin embargo, la poderosa Organización Mundial de Productores de Petróleo (OPEP) prevé que el consumo global de petróleo aumentará hasta mediados del siglo y seguirá siendo la principal fuente de energía, aunque reconoce que su peso en la canasta energética se reducirá.

Los informes más confiables indican que en el año 2050 la demanda mundial de energía aumentará en un 47%, siendo el crecimiento demográfico y económico los principales impulsores. Junto a este crecimiento se tendrá un aumento constante de la demanda de petróleo y sobre todo de gas natural. Esto hasta que las energías renovables sean competitivas o aparezcan nuevas tecnologías, como la energía termonuclear.

Por otro aspecto, en un escenario medio de crecimiento económico los países de la OCDE reducirían el consumo de petróleo en un 34,8%, mientras que los no OCDE, países hoy de bajo consumo de energía, lo incrementarían en un 74,3% (Ver gráfica). Por otro aspecto, la Agencia Internacional de Energía estima que entre 2021 y 2050 las inversiones totales, por parte de la industria petrolera, en exploración – producción – refinación – transporte, totalizarían 10,3 trillones de dólares, mientras que Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, organismo creado por la ONU para evaluar la ciencia relacionada con el Cambio Climático, las estima en 13,5 trillones.

Ahora pasemos al caso colombiano. El Gobierno Nacional se ha comprometido ante la comunidad internacional en reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la línea base en 2030, así como en lograr cero emisiones netas en 2050. El compromiso fue formalizado en la NDC 2020 (sigla en inglés para contribuciones nacionales determinadas) y fue respaldado por documentos Conpes y consecuentes desarrollos legales. Este compromiso, en concepto de expertos, todavía no ha sido respaldado por una hoja de ruta, que precise, entre otros, los siguientes interrogantes: cómo hacerlo, cuánto va a costar y de quién depende.

El Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), un grupo de expertos nacionales encabezado por Tomás González, exministro de Minas y Energía, con apoyo de Enel Colombia, acaba de divulgar el producto de una investigación iniciada en 2022, titulada “Estudio para la hoja de ruta para la transición energética Colombia 2050” (“Es posible lograr cero emisiones netas en 2050, pero no es fácil”, columna Darío Hidalgo, experto de CREE, publicada en el Periódico El Tiempo el 27 de junio de 2023). El referido estudio concluye que es posible lograr las metas anunciadas, pero el esfuerzo es gigantesco en cuanto a inversión, regulación y coordinación. Basta con decir que para cumplir los compromisos el país requeriría multiplicar por cinco veces la capacidad de producir energía de bajas emisiones.  Y algo más de la industria de los hidrocarburos hoy dependen el 3,3% del PIB, el 40% del total de las exportaciones y casi $7,5 billones de los ingresos fiscales nacionales y regionales.  

Como si esto fuera poco, según CREE, entre otros requerimientos, será necesario: 

•     Duplicar la disponibilidad del gas natural, esencial para la transición energética

•     Asegurar la adopción oportuna y a gran escala de tecnologías eficientes y bajas en carbono en todos los sectores, especialmente en el transporte

•     Asegurar el pleno financiamiento de las nuevas inversiones de oferta y demanda

•     Construir relaciones de confianza entre comunidades, Gobierno y empresas

•     Ponerle un precio al carbono consistente con las metas de mitigación y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles

•     Asegurar la cobertura plena y asequible de energía a toda la población, así como su uso eficiente.

•     Asegurar la transición productiva de los grupos vulnerables que pierden con la transición energética y que supone la generación de nuevos empleos

•     Acompasar la transición energética y la transición fiscal dado el enorme papel de los fósiles en la financiación de la inversión pública

•     Incrementar el conocimiento, las capacidades de investigación e innovación nacionales y el contenido local de bienes y servicios

Mi conclusión: Sin los ingresos fiscales que genera la industria de los hidrocarburos, Colombia no está en capacidad asumir los compromisos adquiridos para la descarbonización de la energía. Tampoco creo que el mundo desarrollado vaya a compensar la totalidad de estas inversiones, con excepción de algún pago por la conservación del bosque amazónico.