Las malas compañías de la Reforestadora Integral de Antioquia, RIA, en Tulapas

Por Guillermo Mejía Mejía(foto) 

Tulapas es una región del Urabá antioqueño integrada por 36 veredas de San José de Mulatos en jurisdicción de Turbo, 14 corregimientos de Necoclí y 8 en San Pedro de Urabá.  

En este mes de diciembre de 2.023, Diego Antonio Arrieta López, natural de la vereda El Porvenir Tulapas, de Turbo, quien tenía a su favor una sentencia judicial que le restituía su predio arrebatado por “empresarios” madereros, entregado recientemente por la Unidad de Restitución de Tierras, fue asesinado por sicarios. 

Arrieta López fue presidente, varias veces, de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, en donde vivió por más de 40 años y además fue líder guardabosques en la misma zona. Es uno más de los 8 líderes reclamantes de tierra sacrificados durante este fatídico año. 

Que asesinen a un líder comunal campesino, otro entre muchos, parece que ya no es noticia en Colombia, pero lo que sí debe ser noticia y causar una gran alarma social es que el Estado colombiano, asociado con “empresarios” madereros esté involucrado en esta eterna lucha por la tierra en nuestro país. 

En Tulapas, 40 mil hectáreas fueron arrebatadas a sus habitantes por parte del Fondo Ganadero de Córdoba y la casa Castaño, hecho debidamente confesado y probado por la Justicia Especial para la Paz, JEP. Sor Teresa Gómez, que no es una hermanita de la caridad, cuñada de los hermanos Castaño Gil, fue la gestora comercial y notarial para llevar a cabo este despojo a las familias que terminaron desplazadas. No eran migrantes. 

El Fondo Ganadero de Córdoba es una entidad mixta en la cual el Ministerio de Agricultura poseía el 15% de sus acciones y la Gobernación de Córdoba el 5 y en su junta directiva se sentaban funcionarios de dichas entidades estatales. 

Gerardo Vega Medina, director general de la Agencia Nacional de Tierras, a raíz del asesinato de Diego Antonio Arrieta López, le ha solicitado a la JEP medidas cautelares debido a que en esta zona de Tulapas, en el Urabá antioqueño, la Reforestadora Integral de Antioquia RIA, de la cual son socias la Gobernación de Antioquia, el Idea y Empresas Públicas de Medellín, tiene sembradas 1.250 hectáreas de teca, mediante un contrato de uso de tierras con el Fondo Ganadero de Córdoba, en liquidación,“fondo cuyos socios y representantes legales han confesado ante la JEP y ante Justicia y Paz que todo se hizo en connivencia con los grupos paramilitares, que despojaron, asesinaron e hicieron masacres en la región de Urabá”. 

Lo más vergonzoso de este mega caso, en donde el Estado colombiano es cómplice necesario, ya definitiva y afortunadamente documentado ante la justicia transicional, es que para la legalización de estos arrebatos se contó con el apoyo de la jefe jurídica de Adjudicaciones de Baldíos del Incoder, regional Antioquia y del abogado del Fondo Ganadero de Córdoba y con la participación del notario tercero de Montería, que protocolizó más de 50 transacciones. Así mismo, también participó la notaría única de San Pedro de Urabá. Estos dos notarios, guardianes de la fe pública, fueron capturados conjuntamente con directivos del Fondo Ganadero de Córdoba. También estuvieron involucradas en estas “compraventas” la notaría Tercera de Medellín y la única de Apartadó, todo en las narices de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

¿Y frente a estas denuncias tan graves, tan contundentes y tan probadas se pregunta uno de quién son, entonces, esas 1.250 hectáreas de teca, madera preciosa, hoy en cabeza de RIA? 

¿Está en capacidad RIA de probar el justo título, adquirido de buena fe, exenta de dolo y culpa? 

El artículo 768 del Código Civil dice claramente que “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio.” 

Y si no es así, ¿quiénes fueron los funcionarios públicos que, en nombre de entidades del Estado, hicieron tan fabuloso negocio de cuenta de miles de desplazados propietarios legítimos de esas tierras de las que fueron sacados con amenazas?  

En mi sentir, RIA se enfrenta a demostrar su buena fe exenta de culpa, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 99 de la ley 1448/11 que dice que cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante trámite incidental, un acuerdo entre los beneficiarios de la restitución y el opositor, en este caso RIA, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio restituido y que el opositor haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso.

Si esa buena fe no se prueba, el proyecto productivo lo entregará el magistrado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución 

Si el magistrado que ordenó la restitución de estos predios no tomó la medida de la que habla el artículo mencionado, ojalá las entidades oficiales socias de RIA, examinen bien todas las denuncias que existen documentadas sobre esta expoliación y tomen una decisión justa, que desde luego debe estar auditada y refrendada por los organismos de control, para que la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín, los organismos competentes, dispongan el reintegro de esos bienes a las comunidades que fueron desposeídas de las tierras porque los frutos que en ellas se cosechen, entre ellos la teca, madera apreciada y costosísima, también pertenecen a sus legítimos dueños, que propiamente no son los socios del Fondo Ganadero de Córdoba.