21 mayo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

La vaca convertida en oso 

Guillermo mejia

Por Guillermo Mejía Mejía 

No ha sido acertado el gobernador en el manejo de sus propuestas de recolección de fondos para terminar las autopistas 4G, conocidas popularmente como la “vaca”, pues a esa propuesta del expresidente Uribe, que no todas son geniales, le faltó estudio jurídico serio pues tiene a 11 congresistas contra las cuerdas en el Consejo de Estado, así algunos digan que eso no vale la pena. El solo hecho de tener que contestar una demanda de pérdida de investidura no es un asunto menor y lo mejor es que se asesoren en Bogotá de expertos en esa materia tan delicada, que no son baratos. 

La pérdida de la investidura es una suerte de muerte política que priva al congresista que la sufre de seguir participando en la vida electoral del país. 

Y ahora anuncia públicamente el gobernador en el Congreso que devolverá esos dineros cuando el mismo Código Civil, artículo 1443, dice que la donación es irrevocable. 

Antes de proceder a las carreras y seguir cometiendo errores jurídicos tan ostensibles, deberían estudiar los abogados de la otrora prestigiosa oficina jurídica de la gobernación, las consecuencias de unos dineros que ya son del departamento y que devolverlos ya sería, a la vez, otra donación del departamento a los congresistas, artículo 355 constitucional. 

Los abogados asesores de los gobernantes, tienen que decirles que sus geniales ideas a veces son ilegales y que violarlas los puede enredar. El ejercicio del poder público es un campo minado donde antes de actuar, de pisar, se deben estudiar las consecuencias jurídicas que trae la violación de las normas.  

Ahora el gobernador Andrés Julián se ha metido en otro berenjenal que es el del referendo para el cual el Consejo Nacional Electoral fijó, para el año 2.024, un máximo de gastos para la recolección de firmas de 1.852.400.918 millones de pesos y para la campaña, 6.174.669.727 millones de pesos, cifras que no serán suficientes para movilizar más de 10 millones de personas que salgan a votar para decidir sobre un tema que la mayoría de la gente no sabe de qué se trata.  

¿O ya el comité inscriptor diseñó la pregunta con la cual van a recoger las firmas? 

En estos momentos el censo nacional electoral ronda las 40.156.159 de personas o sea que el 5% equivale, más o menos, a unos 2.007.807 de firmas de ciudadanos. 

Para aprobar el referendo de carácter nacional propuesto se requiere que participen 10.040.000 de personas, aproximadamente, y que más o menos 5.020.000 ciudadanos voten por el SÍ. 

Mientras tanto en el Congreso se mueve el  proyecto de acto legislativo 018 de 2.024, que no es de origen gubernamental, que pretende llegar a la misma meta que el gobernador de Antioquia, presentado por senadores de reconocido prestigio como Humberto de la Calle, Ariel Ávila y Guido Echeverry, Gustavo Moreno, Berenice Pérez, Angélica Lozano, Jairo Alberto Castellanos, Jonathan Pulido Hernández, Iván Leónidas Name Vásquez, Carolina Espitia Jerez y los representantes Juan Camillo Londoño y Daniel Carvalho, entre otros, que “busca fortalecer la autonomía territorial, estableciendo una meta en el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios de mínimo el 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación a partir del año 2.034. Para ello, establece un periodo de transición en el cual se incrementará anualmente en 2.65% de los ingresos Corrientes de la Nación las participaciones en favor de las entidades territoriales hasta el año 2.034”. 

Si los acuciosos promotores del referendo del gobernador Rendón logran recoger las más de dos millones de firmas y que la RNEC se las avale, el proyecto debe pasar al Congreso para que lo apruebe. 

¿Cree el señor gobernador que el Congreso va a aprobar un proyecto de referendo que prácticamente busca los mismo que los congresistas están proponiendo? 

No da un brinco y seguramente será negado por impertinente, por costoso, por atravesado. 

La gobernación de Antioquia no tiene el mismo rango jurídico de los Rajas y Maharajas de la India, en tiempos del Imperio Británico, que gozaban de una autonomía casi absoluta y se daban una vida como en las mil y una noches. No. Se trata de un cargo de elección popular que tiene unas competencia constitucionales y legales precisas que no se pueden extender más allá de ellas, vía interpretación, a las que se tiene que someter el mandatario de turno. 

Así como le pasó con la vaca, el gobernador es muy posible que tenga que darle un entierro de tercera al referendo por la simple razón de que ya el Congreso va adelante con el tema. 

Definitivamente la vaca fue un oso y el referendo va por el mismo camino. Sea humilde gobernador. Usted no es un maharajá de la India.