19 junio, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

¿La estrategia de la defensa de Petro será la misma de Samper?

@petrogustavo @ernestosamperp

El Reverbero de Juan Paz ha tenido acceso a información exclusiva sobre el debate que se está llevando a cabo en las profundidades del Pacto Histórico en Bogotá.

Según fuentes cercanas, algunos miembros del Pacto están convencidos de que la gestión del PetroGate pasa por reducir el tema a un debate legal y no a uno de indignidad.

¿Por qué? Pues porque ese fue el truco de Ernesto Samper en su momento, para escaparse de la destitución: convertir un debate de dignidad del cargo presidencial en un debate leguleyo.

Pero, ¿qué significa esto? Algunos miembros del Pacto Histórico creen que se debe disfrazar el tema como un mero debate legal jurídico técnico, y desviar la atención para que no se haga análisis basados en el concepto de «indignidad por mala conducta».

Y es que, en el caso del presidente de la República, los acontecimientos no sólo tienen implicaciones de responsabilidad penal, sino de «indignidad por mala conducta», que es un concepto que se refiere a la confirmación de que el presidente no tiene capacidad moral y ética para desempeñar su cargo debido a su comportamiento inapropiado, lo que puede incluir actos de corrupción, abuso de poder, violación de los derechos humanos, financiación de la campaña, entre otros.

Un experto le recordó a El Reverbero de Juan Paz un artículo interesante en la Constitución de 1991 que respalda los temores del Pacto Histórico.

El artículo 175-2 establece que en el caso de que la acusación se refiera a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o perdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.

En resumen, el debate sobre la responsabilidad legal y política del presidente de la República se puede convertir en un truco. La responsabilidad legal se refiere a la obligación de un individuo de responder por sus acciones ante la ley, mientras que la responsabilidad política se refiere a la obligación de un funcionario público de responder ante la sociedad por su desempeño en el cargo y esta última también da destitución, con independencia de la responsabilidad penal.

Ambas son importantes y no son mutuamente excluyentes, pero en el caso del presidente de la República, la «indignidad por mala conducta» es un concepto clave que no se debe pasar por alto.

La «indignidad por mala conducta» es un concepto fundamental que no se puede ignorar en el debate sobre la responsabilidad del presidente de la República en los acontecimientos que han sido revelados.