En riesgo la inversión privada en infraestructura

Por José Hilario López 

Empezamos un año crítico para la inversión privada en la infraestructura nacional, en especial en los sectores energético, vial y minero. Existe una gran incertidumbre entre los inversionistas, causada por las declaraciones y disposiciones del Gobierno Nacional que ponen en riesgo la inversión en hidrocarburos, generación eléctrica, minería y vías. La incertidumbre crea el escenario que más afecta las decisiones de los inversionistas, que lo primero que reclaman es estabilidad jurídica.

Empecemos por los hidrocarburos.

Colombia no es un país petrolero, su producción está muy por debajo del 1% del total mundial. Sin embargo, el sector tiene un peso enorme dentro de las finanzas públicas y la economía nacional. La industria petrolera no se limita a la perforación de pozos para extraer crudo o gas. La cadena de hidrocarburos en nuestro país es extensa y compleja; puede dividirse en tres etapas: exploración y producción (upstream), transporte (midstream) y refinación y comercialización (downstream). Cada una de estas etapas crea miles de empleos y genera billones de pesos en utilidades e impuestos.

En 2022 el subsector de hidrocarburos en la etapa upstream aportó cerca del 2,2 % del PIB nacional; si se suma toda la cadena el aporte pudo haber superado el 5% del PIB. El impuesto a la renta es el principal aporte de las empresas del subsector de hidrocarburos. Durante 2022, según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) el subsector petrolero tributará cerca de $58 billones. Las regalías son la contraprestación que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado, por explotar un bien propiedad de la Nación. El dinero de las regalías ingresa mayoritaria y directamente a los municipios donde se explota el recurso no renovable. Los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, en noviembre de 2022 informaron que el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2023 – 2024  ascenderá a  $31,1 billones.

En el periodo enero-septiembre de 2022 las ventas externas de Colombia de crudo y sus derivados ascendieron a US$ 43.829 millones FOB, lo que representa un aumento de US$ 14.938 millones con respecto al mismo periodo de 2021. El petróleo y sus derivados conforman el 31,3% de las exportaciones del país y son el principal producto de exportación.

Nadie entiende porque el Gobierno Nacional quiere desestimular de un tajo la producción de hidrocarburos. Frenar la exploración petrolera y prohibir el fracking ponen en riesgo nuestra soberanía energética, ya que la transición hacia las energías renovables no convencionales es un proceso que toma décadas, y que las reservas probadas de petróleo y gas con que cuenta el país, en el mejor de los casos, sólo alcanzan para 8 años. Según ACP las inversiones en exploración en petróleo y gas durante 2022 totalizaron 3.590 millones de dólares.  Para 2023 la inversión privada en este sector caería en un 33%. Esta reducción obviamente se reflejará en la vida de las reservas de hidrocarburos con que cuenta el país.

Algo más, la transición energética en la cual está empeñado el Gobierno Nacional, empeño que apoyamos, requiere ingentes recursos que en su mayor parte deberían provenir del subsector de hidrocarburos.

Ahora veamos la situación de las concesiones viales.

Las concesiones viales en Colombia surgieron a partir de la Constitución de 1991. La Ley 1 de 1991 abrió las puertas para la llegada de la inversión privada a la infraestructura vial en Colombia. A partir de entonces, las concesiones viales le han permitido al país empezar a superar el rezago que el sector había estado acumulando por décadas.

Las concesiones viales se han estructurado como un proceso conformado por cinco etapas, que se conocen como cinco generaciones. Para abreviar me limitaré a describir las Concesiones de Cuarta Generación (4G). Las 4G, actualmente en ejecución, proyectan la construcción y operación de más de 8.000 kilómetros de carreteras, incluyendo 1.370 km de doble calzada y 160 túneles. Su objetivo principal es mejorar la competitividad del país, disminuyendo los costos y tiempos de transporte de personas, en especial de carga, desde los centros de producción hasta los puertos de exportación e importación. Las 4G, con una inversión estimada en $47 billones, es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la infraestructura que se haya concebido en nuestro país.

El Gobierno Nacional con fecha 15 de enero expidió el Decreto 050 de 2023 que ordena no incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Invías y los concesionario. Tal como lo señaló la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) “..decretar el congelamiento de las tarifas de los peajes de las vías concesionadas, se refleja en un cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada”.

En estas circunstancias el Estado se verá obligado a compensar a los concesionarios y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que aproximadamente los inversionistas dejarán de percibir durante el presente año, como consecuencia de las modificaciones tarifarias adoptadas a partir de la expedición del referido decreto. Por otro lado, la medida causa un desequilibrio económico de los contratos de concesión, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores que las previstas en la estructuración de estos, al no ser restablecidas. Pero más grave aún es la situación que se les ha creado a las denominadas Iniciativas Privadas (IP), proyectos estos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes.

La principal consecuencia para el país, a causa del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, seremos todos los colombianos, incluyendo aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas, quienes terminaremos respondiendo, con nustros impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos. A lo anterior, habría que sumar el hecho de que cambiar las reglas de juego genera un clima de inseguridad jurídica, que redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que en el futuro podrían interesarse por iniciativas de esta naturaleza y otras.

Confiemos en que el Gobierno Nacional reconsidere el daño, que con sus declaraciones y disposiciones le está causando a la economía nacional y a la llamada confianza inversionista. Es necesario abrir un amplio debate para analizar el riesgo a que ha sido expuesto, por ahora, la infraestructura vial y a valorar los avances, que el sistema de concesiones en sus 30 años de vida le ha aportado a la construcción de un país mejor comunicado entre sus regiones y con los puertos de exportación e importación. Esto sin dejar de seguir denunciando la inconveniencia de cancelar el otorgamiento de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

Como si esto fuera poco el presidente Petro acaba de anunciar que va a intervenir la CREG, la entidad que por ley regula las tarifas de energía y gas, una nueva amenaza para la inversión privada en infraestructura.

Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) “De aquí a 2029 se van a necesitar inversiones privadas entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica”. Para 2026, de no entrar nuevos proyectos de generación, la energía firme (energía disponible durante las sequías) será inferior a la demanda. Esto significa, ni más ni menos, que tendríamos un nuevo apagón.

Señor presidente: La soberanía energética del país requiere nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.  Los peajes en las concesiones viales y las tarifas eléctricas mediante acuerdo consensuados se pueden revisar con los inversionistas privados, sin necesidad de intervenciones unilaterales por parte del Gobierno Nacional.