En riesgo la inversión privada en infraestructura vial

Por José Hilario López

El presidente Petro declaró el pasado mes de diciembre que en las autopistas 4G “se tira un poco de plata” y que estas “solo sirven para importar productos y matar la producción nacional”, además de que con eso se benefician son “los dueños del gran capital en Colombia”.

Con dichas declaraciones pareciera que el presidente desconoce que las concesiones viales le están asegurando al país la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de vías con las más altas especificaciones, unas tareas muy difíciles de atender por un Estado empobrecido y con un sector politizado.  Sobre todo va en contravía de la reducción de la pobreza, eje central de su gobierno, ya que la gente común y corriente es la que demanda calidad de vida, eficiencia y competitividad para su bienestar, para lo cual se requiere mejorar la productividad del trabajo indisolublemente ligada a la eficiencia del transporte, para importar insumos y para comercializar los productos generados por la industria y la agricultura, y en especial para disponer de buenos servicios de salud y de educación. Por supuesto las autopistas deben ser complementadas con vías terciarias de buena calidad, el conjunto que conforma la red vial nacional.

Pero ahí no paró el desconcierto que esas declaraciones causaron no sólo en los concesionarios, como en los financiadores de los proyectos, gremios y en gran parte de la opinión nacional. Para agravar la situación, el Gobierno Nacional con fecha 15 de enero expidió el Decreto 050 de 2023 que ordena no incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Invías y la ANI.

Tal como lo señaló la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) mediante un pronunciamiento del pasado 20 de enero, “..decretar el congelamiento de las tarifas de los peajes de las vías concesionadas, se refleja en un cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera, justamente, se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada”.

En estas circunstancias el Estado se verá obligado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que aproximadamente los concesionarios dejarán de percibir durante el año 2023, como consecuencia de las modificaciones tarifarias adoptadas a partir de la expedición del referido decreto, tal como lo ha confirmado el ministro de Hacienda. Por otro lado, la medida causa un desequilibrio económico de los contratos de concesión, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores que las previstas en la estructuración de estos, al no ser restablecidas.

Pero más grave aún es la situación que se les ha creado a las denominadas Iniciativas Privadas (IP), proyectos estos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, ya que esta medida genera el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada. Ante la situación creada, el Estado tendrá que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y, por otro lado, deberá terminar las obras que todavía se encuentran en construcción, así como administrar, operar y mantener las vías.

Sólo la IP Vías del Nus, según Ricardo López, gerente de Mincivil, una de las empresas dueñas de la iniciativa, durante el corriente año dejaría de percibir ingresos por 30.000 millones de pesos. En este caso, por tratarse de una IP, no habría posibilidad de compensaciones por parte de Fondo de Contingencias.

La principal consecuencia para el país, a causa del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, seremos todos los colombianos, incluyendo aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas, quienes terminarán respondiendo, con sus impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura. A lo anterior, habría que sumar el hecho de que cambiar las reglas del juego genera un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que en el futuro podrían interesarse por iniciativas de esta naturaleza y otras: Por ahora, ni más ni menos que enterrar las concesiones 5G.

Piénsese no más en las inversiones por 9 billones de pesos, que a abril de 2022 habían realizado los fondos privados de pensiones (FPP) en proyectos de infraestructura vial.  Sólo el Banco de Colombia, que se sepa, tiene inversiones en el mismo sector por 14 billones de pesos.

Según Procolombia, las inversiones de capital privado en nuestro país ascienden a los USD 16.895 millones. Los empresarios de capital privado invierten en diversos sectores de la economía nacional, donde se destacan los renglones de la energía, el inmobiliario, los servicios y la infraestructura. Todo está se ha puesto en riesgo con las recientes medidas del Gobierno nacional

De acuerdo con expertos consultados, el referido Decreto 050 es demandable, ya que un contrato sólo puede ser modificado por acuerdo entre las partes, nunca por decisión unilateral, como lo pretende el Gobierno Nacional.

Confiemos en que el Gobierno Nacional reconsidere las afectaciones, que con sus declaraciones y disposiciones le está causando  a  la economía nacional y a la llamada confianza inversionista, tal como lo pide la CCI y permita un amplio debate para analizar con detalle el riesgo a que ha sido expuesto, por ahora, el sector de la infraestructura vial y a valorar los avances, que el sistema de concesiones en sus 30 años de vida le ha aportado a la construcción de un país mejor comunicado entre sus regiones y con los puertos de exportación e importación.

Adenda: Para una descripción resumida del programa de concesiones viales en Colombia, véase:  https://jhilariolopez.medium.com/al-o%C3%ADdo-del-presidente-petro-las-concesiones-viales-en-colombia-2-38e4d12d1632