El centralismo, ¿acentúa la violencia?

La desconexión del poder central con las regiones facilita la violencia. La conciliación del gobierno central con los departamentos es cada vez más lejana.

Por Alberto Velásquez Martínez

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Con razón decía García Márquez, en carta a su amigo Carlos Fuentes a raíz de la “guerra del fútbol” entre Honduras y El Salvador, que “la realidad latinoamericana está empeñada en que nunca acabemos de escribir novelas fantásticas inspiradas en la vida cotidiana”. No es sino mirar las cifras de violencia en Colombia reveladas por Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch, para deducir que la violencia seguirá inspirando por mucho tiempo novelas de realidad y ficción. En el 2023 las masacres se incrementaron un 16 %, el secuestro un 70 %, el reclutamiento forzado de menores en 130 %. Los asesinatos de defensores de derechos humanos llegaron a 150 % más, y la extorsión creció un 15%. Un panorama de violencia cotidiana que hizo saltar de asombro al Consejo de Seguridad de la ONU.

El centralismo que rige en Colombia es uno de los factores que facilita las violencias regionales. Un país que concentra todo poder en la capital del país, sin descentralización alguna, impide a las regiones afectadas enfrentar a los violadores de la concordia, aprovechando las ventajas en el conocimiento que tienen sus gobernantes sobre el terreno que administran. La carencia de autonomía fiscal y administrativa de los departamentos – que no es lo mismo que independizarse de Colombia, como lo ratificó el gobernador Andrés Julián Rendón en EL COLOMBIANO – que facilite la adopción de planes, recursos y normas en las regiones para enfrentar los factores de la violencia, contribuyen a este despelote del orden público.

En Colombia el Estado central sigue sin poder asegurar el control territorial. Retornamos a lo que se llamó en época del presidente Guillermo León Valencia “las repúblicas independientes”. En ellas gobiernan no mandatarios regionales elegidos legítima y popularmente, sino cadenas de grupos violentos de todos los pelambres. La desconexión del poder central con las regiones facilita la violencia. La conciliación del gobierno central con los departamentos es cada vez más lejana. Hoy hay más caudillismo tropical que presidencia.

Las fuerzas irregulares del país han establecido un Estado paralelo. Se han legitimado en zonas apartadas del centro del territorio nacional, reglamentando la vida de sus habitantes. Han implantado un régimen federalista de facto a través del cobro de impuestos y construcción de obras de infraestructura. Las fuerzas ilegales son las renacidas realidades de poder territorial, especialmente en el sur de Colombia. Gobernadores y alcaldes tienen responsabilidades para enfrentarlas, pero carecen de autoridad, de herramientas jurídicas para hacerlo. Miran al poder central en busca de apoyos que escasamente llegan. Y con los improvisados ceses bilaterales al fuego, cumplidos, según el defensor del Pueblo, solo por las Fuerzas Armadas, los acuerdos de paz se convierten en farsa.

Sin más dilaciones, el Congreso de la República, suma de parlamentarios de todas las regiones, debe darle aplicación plena al mandato de la Carta del 91. En ella se consagra, en letra y espíritu, ir hacia la formación de un Estado descentralizado, con autonomía administrativa y fiscal de las regiones, que no implica un régimen federal, sistema que, como lo sostiene desde Chile el jurista colombiano Martín Alonso Pinzón, “termina desarticulando la unidad nacional”.