¿El Cartel de la Toga sigue vivo?

@CorteSupremaJ

En círculos calificados de Bogotá y entre la opinión pública siempre se ha mantenido la impresión de que el Cartel de la Toga nunca terminó… ¿Quedan vestigios? ¡Claro que sí!

El más importante es que el abogado defensor del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, condenado en 2021 a 16 años y 5 meses de cárcel, le pide al alto tribunal que esta pena sea tumbada por cuanto existieron muchas irregularidades en el proceso.

Vale recordar que Ricaurte fue condenado por el delito de cohecho por dar y ofrecer, en medio de este entramado de corrupción.

Según La W, la estrategia de la defensa de Ricaurte es desestimar varias declaraciones con la investigación del testimonio del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, hoy nuevamente abogado en ejercicio.

“Nunca se desplegó ningún tipo de actividad investigativa con el fin de corroborar las manifestaciones de un testigo con profundos problemas de fiabilidad”, señaló el abogado Sebastián Fajardo ante el alto tribunal.

Dijo que “no hay absolutamente nada que corrobore que, además de la participación en los actos de corrupción de Gustavo Moreno y Camilo Ruíz, también supuestamente había participado Francisco Ricaurte, porque además de que no entregó ningún tipo de evidencia de corroboración, lo cierto es que la defensa, -sin tener la carga de hacerlo, porque esta investigación le correspondía a la Fiscalía-, logró encontrar que en el lapso de tiempo entre 2013 y 2016, fue Gustavo Moreno quién sufrió un aumento de su patrimonio de $2.500 millones”, dijo Fajardo.

El periodista Naydú Baquero Matta, de la W, revela en su informe que, según sus pruebas, hay evidencia que lo corrobora: “logramos acreditar, a través del contrainterrogatorio de Gustavo Moreno y a través de las evidencias, varias circunstancias no solo sobre el monto global del aumento patrimonial que él sufrió, sino que también algunos datos concretos, que dan cuenta de que fue él quien participó en los actos de corrupción, que fue él quien recibió y se quedó con esos dineros”.

Y dijo que los problemas de fiabilidad también se desprenden de las manifestaciones contradictorias que ha realizado, según la defensa, “Gustavo Moreno permanentemente les decía a los aforados que acudían a él que les iba a ayudar, básicamente que les estaba vendiendo la emisión de archivos”.

Todo esto debido a que posterior al testimonio de Moreno, se expidió la orden de captura contra Ricaurte.

Sustentó la defensa que: “Para cuando Gustavo Moreno presenta esa primera declaración, al día siguiente emiten la orden de captura contra mi cliente (…) y esa información se compone de:

• Álvaro Ashton, aceptando haber incurrido en un acto de corrupción que, negociando para la JEP, aceptó que lo cometió solo con Gustavo Moreno sin la participación de Francisco Ricaurte.
• Luis Ignacio Lyons, diciendo que él participó de todas las reuniones.
• Musa Besaile Fayad, diciendo que, hasta ese momento Francisco Ricaurte nunca le había solicitado nada, que ni siquiera le habían dicho a él que la plata era para Ricaurte sino para Gustavo Moreno y José Leonidas Bustos.

(…) hay que advertir que Musa Besaile cambia de versión en juicio, después de que esto se los dijo a los magistrados de la sala de casación penal bajo juramento”, explicó el abogado.

“A mí lo que más me inquieta de las situaciones realmente es tener que llegar a la conclusión, de acuerdo al planteamiento de la demanda, de que el principal testigo en este caso, Luis Gustavo Moreno Rivera sería entonces una especie de mitómano máximo que se inventó una serie de situaciones, las cuales vincula protervamente a unas personas a las que estaba vinculado de antaño por razones de academia, por razones de amistad, porque de pronto también entraba en contacto con uno a través del otro, por ejemplo: en el caso de Ricaurte, haberlo conocido a través del exmagistrado José Leonidas Busto, pero las señalizaciones que hace Moreno Rivera son absolutamente claras”, enfatizó.

Como se sabe, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia mantener la condena de 16 años y cinco meses de prisión impuesta al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su participación en el entramado de corrupción del cartel de la toga.