@eljodario
El espeluznante reportaje periodístico de Catalina Bohórquez Ramírez en el periódico El Tiempo sobre el grado de hacinamiento, y la costra de incapacidades judiciales, policiales y municipales que se detectan luego de su lectura, habrían hecho sucumbir a las más asustadoras novelas de terror y generado una actuación inmediata del Ministerio de Justicia y, por supuesto, de las Ong de derechos humanos que pululan en nuestro país.
En Colombia, empero, y en Cali sí que menos, nadie se horroriza y, lo que resulta peor, no hay quien se atreva a corregir la situación porque una vez más nos acostumbramos a todo. La historia podría comenzar desde el momento en que los leguleyos y santanderistas colombianos resolvieron clasificar a los detenidos en permanentes y transitorios. Podría seguirse con el capítulo repetido de que como la ley se interpreta de acuerdo a la inhabilidad y no a la razón del derecho, los presos temporales, sobre los cuales ningún juez ha tomado determinación deben ser protegidos de entrar en contacto con quienes ya han sido juzgados. Y, obviamente, terminarla con la incapacidad física de las Inspecciones de Policía de albergar a tantos presos transitorios como les embuten en una sociedad que cree y defiende las penas en cárcel como remedio al delito, y no hace esfuerzos por educar en el respeto de unos a otros.
En Cali, dice el reportaje, hay 19 estaciones de policía convertidas en Cárceles. Y como no son del Inpec ni son de la Policía y administrativamente las sostiene el municipio, todos quieren echarle la culpa al alcalde. Típico de nuestra manera de afrontar la vida.
Escuche al maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal.
Preferimos contar que en esa pocilga del barrio Mariano Ramos hay 113 capturados. Que cada preso tiene 1,56 metros cuadrados para moverse, dormir y poposear. Que hay detectadas tuberculosis, sífilis, sida, diabetes y otras más para las cuales los tratamientos médicos son apenas una ilusión. Y así y todo las ONG de Derechos Humanos, mudas.
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