@eljodario
Cada país se defiende como puede y en cada uno de ellos su presidente adopta las determinaciones que crea más convenientes y expeditas para lograr la consumación de sus metas.
En el Ecuador, donde se han visto arrollados por el dominio que las bandas criminales ejercen dentro de las cárceles y desde allí sobre numerosas ciudades, están buscando como descongestionarlas de los 30 mil presos que tienen y el novato presidente Noboa ha tomado la determinación de devolver a sus países de origen a los presos extranjeros que allí se encuentren.
Está en todo su derecho aun cuando para hacerlo con los condenados deberá ordenar su extradición uno a uno porque en el fondo es una conmutación de la pena y, con lo leguleyos que son los abogados ecuatorianos, pueden meter al presidente Noboa en un lío. Pero eso es lo de menos.
El que ya el presidente Petro ha advertido que nos puede pasar como consecuencia a los colombianos, es el preocupante. Si los presos que entreguen en la frontera de Rumichaca no tienen antecedentes penales y aún si los tuvieran, corren el riesgo de quedar libres porque dentro de Colombia ellos no han sido ni juzgados ni mucho menos condenados. Y si tienen antecedentes penales, tampoco hay norma que obligue a detenerlos salvo que se les haya acusado o juzgado en nuestro país antes de ser detenidos en el Ecuador.
En otras palabras, tenemos que recibir, sin derecho a inventario, a presos ecuatorianos que estorban en las cárceles de ese país y que, por lo menos, traen formas y habilidades como las que debieron aprender al ser testigos y actores de la difícil situación de dominio que las bandas ejercen sobre esos reclusorios del vecino país.
Habrá entonces tema para bizantinas discusiones o posibilidades de trabajo para muchos abogados de Nariño, por lo menos, que deberán salir a salvaguardar los derechos ciudadanos que pueden ser pisoteados por esta actuación funambulesca.
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