Por Ramón Elejalde Arbeláez
En audiencia de reconocimiento de verdad, celebrada por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en el municipio de Dabeiba, durante la semana que termina, varios militares retirados reconocieron sus responsabilidades en decenas de falsos positivos acaecidos en esa región entre los años 2002 y 2006. La audiencia se celebró con la presencia de victimarios, víctimas, sociedad civil y representantes del Gobierno y las Naciones Unidas.
La crudeza de las narraciones, el dramatismo de algunas de ellas, el doloroso reavivamiento de hechos pasados, fueron entregados en tiempo real a la comunidad, por la transmisión televisiva que de la audiencia se hizo. Nada nuevo conocimos, fueron acontecimientos que se repitieron en innumerables lugares de Colombia, donde simplemente es necesario cambiar el nombre de la víctima. El irrespeto por la vida, la tragedia de ser pobre o vivir en condición de calle, el afligido designio de quien era señalado, casi siempre injustamente, de ser guerrillero, fueron la constante de esa horrorosa tragedia que padeció Colombia a principios de este siglo y lo triste, a manos de quienes estaban obligados a cuidar de nuestras vidas.
Mancharon, ¡y de qué manera! el honor militar quienes transgredieron elementales normas de civilidad y decencia. Espeluznante que los guardianes de nuestras vidas, nuestros bienes y nuestra tranquilidad, se hubieren ensañado de tal manera contra ciudadanos inermes e indefensos. No hay disculpa en los horrores que puso en práctica la subversión. La fuerza pública es la representación del Estado de Derecho, de la institucionalidad, de la legalidad. No podía acudir a desafueros propios de los irregulares. La legitimidad de nuestras instituciones se soporta en el respeto por la Constitución y las leyes y quienes cometieron estos actos de tanto salvajismo, nunca respetaron nuestra normatividad vigente.
No se pueden quedar las investigaciones y la verdad en los soldados, sargentos, tenientes y coroneles. Quienes dieron las órdenes y fijaron estas directrices también tienen que congraciarse con la sociedad contando la verdad y pidiendo perdón. Quienes hicieron oídos sordos o miraron para otro lado mientras tanta barbarie sucedía, también tienen que responder políticamente por sus omisiones y desdenes. La vida es un bien supremo que se debe respetar.
En lo personal, nada me sorprendió de lo escuchado en Dabeiba. En mí libro Don Mateo Rey. Crónicas de Barbarie en el Occidente Antioqueño, narro, crudamente, muchas historias crueles, que le ha valido a varios de mis lectores la frase “Es un libro que de todas las páginas brota sangre”. Eso fue lo que vivió el pueblo colombiano, ese fue el dolor de familiares de mendigos, pobres, inhábiles y señalados de guerrilleros. Esa fue la tragedia nacional durante la primera década del presente siglo.
No existe justificación alguna, no hay posibilidad de pasar fácilmente la página. Esa fue una desventura que el Estado y la fuerza pública deben asumir con valor y producir un mea culpa creíble y reparador.
Más historias
Crecimiento económico ya sufre el golpe de la reforma tributaria
Crónica # 884 del maestro Gardeazábal: la propuesta de Vicky
Es la economía, estúpido