Dos años después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, los bosques en Colombia están bajo asedio, y experimentan agudos niveles de deforestación, promovida por diferentes actores criminales que buscan ampliar sus fuentes de ingresos ilícitos.
Las alarmantes tasas de deforestación, con más de 200.000 hectáreas perdidas en 2017 —un incremento de 23 por ciento desde 2016— han llamado la atención de las autoridades que anunciaron recientemente la creación de un nuevo equipo especializado de fiscales nacionales que investigarán delitos como el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico en la Amazonía, delitos todos que han dado pie al incremento de la deforestación.
Estos delitos son perpetrados básicamente por organizaciones criminales diversas, como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Los Puntilleros y otros grupos de menor calado, según la Fiscalía General de Colombia. (Lea el análisis).
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