Alminar: Ni en Semana Santa cesan las torturas a los presos colombianos

¡Señor Fiscal, investigue a los jueces de mármol y a los carceleros por prevaricato, por tortura y por violación a los derechos humanos!

Por José León Jaramillo Jaramillo

leonjaramillo53@gmail.com

¡Al oído del presidente y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos!

A grandes rasgos, casi por intuición o por datos escapados de centenares de estudios, narraciones de ex reclusos y sentencias de tutela, sabemos que los colombianos privados de la libertad son sometidos a toda suerte de vejámenes y que diariamente se violan, en los centros carcelarios colombianos, la constitución, las leyes, los tratados internacionales y las sentencias constitucionales, sobre derechos carcelarios y derechos humanos, tanto de los condenados como de los detenidos preventivamente, al obligar a los presos a vivir hacinados en verdaderas pocilgas, en muchos casos infestadas de roedores y de otros bichos; a dormir tirados en el suelo, sin colchones ni cobijas; sin recreación, sin comida de calidad y en muchos casos verdadera basura. Igualmente se les obliga a vivir sin: intimidad; servicios de salud y medicamentos, elementos de aseo personal, servicios sanitarios, al punto de que, en muchas cárceles, más de 150 reclusos tienen que usar un solo baño; muchos de ellos sin agua, los que, por lo tanto, se convierten en verdaderaspocetas de mierda; sin posibilidades de estudio, de recreación, de resocialización o siquiera de poder aprender algún oficio que les permita subsistir al abandonar el reclusorio e igualmente están sometidos a tener que pagar largas condenas aun sin haber sido condenados, porque la inoperante, perezosa y cada vez más lenta, corrupta  y politizada “justicia” colombiana, nada les resuelve, a la vez que tienen que soportar, muchos de ellos, la corrupción, la tiranía y la violencia de los guardianes del INPEC o de la delincuencia interna, valga la redundancia, quienes por todo les cobran, al extremo de que no les dejan entrar sus medicamentos u otros objetos que se les envían para aliviar un poco siquiera su angustiosa existencia. Las fotos del hacinamiento y del salvajismo oficial se encuentran en Internet. Esto lo corroboran las recientes investigaciones del Contralor, publicadas por el Reverbero de Juan Paz.

https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/hacinamiento-en-carceles-de-colombia/16549364/1/

Las que acabamos de describir no son prisiones, técnicamente no son cárceles, son centros de tortura y de violación de los derechos humanos, son depósitos de condenados y de asegurados en condiciones infrahumanas y criminales, frente a la mirada indolente de los abusivos operadores de justicia, los Pilatos de la época. Con otras palabras, como bien lo dijo Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal arzobispo de Barcelona, “La prisión sólo tiene sentido cuando sirve para renovar al hombre, ofreciendo una posibilidad para reflexionar, cambiar de vida e integrarse en plenitud a la sociedad.”. Colombia, pues, carece de sistema carcelario.

La crisis carcelaria es el producto de la desidia y de la complicidad de los ex presidentes, de los ex ministros de justicia, de los ex defensores del pueblo, de los ex procuradores generales de la nación,  de los ex fiscales generales de la Nación, de los ex Contralores Generales de la Nación, de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de un congreso de incompetentes, de una Corte Constitucional temerosa de actuar, de los jueces de ejecución de penas, de los procuradores judiciales, del accionar criminal de algunos policías, funcionarios, empleados y guardas del INPEC y de sus 87 sindicatos inmundos, quienes no han hecho nada distinto a reírse de las normas carcelarias y de leyes laborales, para mantener el caos y la corrupción y beneficiarse así del estado de cosas inconstitucional que reina en el corrupto sistema carcelario colombiano y, lo más grave, es que no hay nadie que sea capaz de ejercer autoridad y de poner orden y mucho menos de hacer respetar la constitución, las leyes o las sentencias judiciales, porque la izquierda, un sector de la rama judicial y otro de la prensa, en la guerra jurídica gramsciana o ideologizada que promueven contra la fuerza pública, la ridiculizan, desacreditan y persiguen permanentemente, pasando por alto, maliciosamente,  que esta es la espada de la justicia, la que tornaron en inoperante y en reina de burlas y no esperan sino que cada día esas autoridades se corrompan más y más, como se los ordenan desde la Habana, para derrocar el gobierno constitucional e imponernos, a las patadas, una tiranía castrista, en discutible traición a la Patria, al pretender someternos a los colombianos y al suelo patrios al dominio del tirano genocida de una nación extranjera, que mantiene a su pueblo sumido en la represión y la miseria más espantosas. ¡Sin autoridades con carácter, nunca podremos resolver el problema!

Hablo de complicidades, pues como decía Martin Luther King: “Cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra, en realidad está cooperando con él.”

A los parlamentarios les importa un comino, como a la gran mayoría de los colombianos, la suerte de los presos, como tampoco les importa a la ministra de justicia o a los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, más preocupados, todos ellos, por atender a sus corruptas clientelas, a sus negocios o a sus patrones, que en ejercer sus funciones y así se lo han demostrado plenamente al país con sus omisiones y falta de resultados. Es indiscutible que su frío, arrogante y distante ejercicio del poder clientelista del régimen corrupto con el que nos someten, les impide ver la urgencia de las medidas carcelarias de descongestión, ni si quiera por razones humanitarias, las que desprecian. Todos estos funcionarios, a los que me he referido se parecen a Rafael Nuñez M, de quien Indalecio Liévano Aguirre, en su biografía del llamado “Regenerador”, dijo que éste, en su juventud, había tomado la resolución de “…Triunfar a toda costa, no servir a nada ni a nadie, sino hacer que las ideas y los hombres le sirvieran a él…”.

El presidente Duque, por quién voté y volvería a votar, pues no lo haría nunca por el carcelero expropiador de Petro, lamentablemente no escogió a una jurista, conocedora de la problemática carcelaria, ni a una humanista inteligente que le ayudara a construir, como ministra del ramo, soluciones en materia de panópticos o de justicia, sino a una ficha arrogante de politiqueros, de todos conocidos, para la cual el problema carcelario es su prioridad triple Z y ahí tenemos los resultados. ¿Cuándo y de qué manera estallaran finalmente las deshumanizadas cárceles?

Para resolver el problema carcelario es necesario consultarles a los sabios. Si yo fuera el presidente integraría, a la brevedad, una comisión de alto nivel, con: un sociólogo, un antropólogo, dos criminólogos, dos abogados penalistas destacados, el fiscal general de la nación, dos ex magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un arquitecto, dos comerciantes emprendedores, millonarios y exitosos,  el ministro de vivienda, el ministro de justicia ─ quien debería a ser penalista y haberse leído siquiera “De los delitos y las penas” de Cesare Beccaria─, dos delegados de los presos, dos rectores universitarios y el director de la Policía Nacional, para que le presenten, al gobierno, soluciones viables, al caos carcelario y para que igualmente le aconsejen medidas para hacer cesar los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra los presos, al mantenerlos hacinados y en las condiciones de crueldad extrema que se dejaron explicadas, al principio de esta columna.

El director del INPEC, podrá ser invitado, con voz, pero sin voto, pues la comisión debe estudiar como eliminar este flagelo y diseñar un organismo no politiquero que cumpla sus funciones. El INPEC tiene que desaparecer como fuente nefasta de corrupción, podredumbre, politiquería e inmundicia. Si quieren conservar el INPEC es mejor que no hagan nada, pues ello sería como integrar un comando para promover la lucha contra el narcotráfico y designar como su comandante a Pablo Escobar y por ello digo que, de ser así, es mejor no hacer nada nada, pues mientras en el INPEC existan múltiples sindicatos de personal armado que obstaculizan cualquier medida administrativa para imponer el orden, ninguna reforma podrá aplicarse.

El INPEC, fracasó rotundamente en su misión y no ha dado cumplimiento a las precitadas sentencias de tutela. Es más, el INPEC es el responsable de la llamada victimización terciaria, de la que habla WAEL HIKAL, donde el victimario se convierte en víctima y esa transformación se produce una vez que se entra en la prisión, por el hacinamiento o la sobrepoblación de los centros penitenciarios.

 

Dicho autor afirma que la “…victimización carcelaria, se destaca por su crueldad, tratos vejatorios, dificultad laboral, la consecuencia es la ociosidad – el recluso tiene demasiado tiempo dedicado a   la inactividad. Pero también hay agresiones sexuales… Ley del terror y Ley del silencio, existencia de mafias carcelarias, circulación de drogas…    Ante esta situación no es de extrañar que el recluso recurra al suicidio o supuestos de anorexia. Hay una pérdida de interés, de iniciativa, de cualquier valor. No es de extrañar que los individuos estén dispuestos a matar, llegados a esta situación existe una responsabilidad de la administración.”

 

El mismo Germán Vargas Lleras, en su campaña presidencial, propuso acabar con este monstruoso y corrupto instituto, que cuenta con 87 sindicatos infames que no permiten que el inepto sistema carcelario funcione siquiera, como lo declaró el mismo ex candidato: “…Yo lo viví cuando era ministro de Justicia, capturábamos a guardianes del Inpec cometiendo delitos y a las pocas horas eran presentados con fuero sindical.”  y agregó “…vale la pena también reformar el Código Penitenciario, no puede ser que en los pabellones de alta seguridad en Colombia sigan los peores delincuentes haciendo de las suyas y dirigiendo sus organizaciones criminales sin ninguna restricción de derechos”.

 

El diario El Tiempo quejándose de estos funestos sindicatos y de la Ineficiencia, corrupción, falta de planeación y desidia del INPEC, el 21 de diciembre del 2016, editorializó, así: “…Un informe de la Contraloría publicado por este diario muestra hasta dónde el derecho a sindicalizarse puede terminar afectando una función pública esencial, momento en el que dicho derecho se desvirtúa por completo. Y es que, según la investigación, los días de permiso que recibieron los 854 funcionarios con fuero sindical sumaron el año pasado 39.293 días; es decir, 110 años… Los cálculos del propio instituto hablan de un déficit de personal de casi 13.000 unidades, en un organismo que cuenta con 12.072 guardianes. Y a pesar de ese panorama crítico, hay uniformados que se ausentan de su trabajo hasta 150 días en un solo año como consecuencia de los permisos sindicales. Algo a todas luces inaceptable, incluso vergonzoso.”

Si yo fuera miembro de esa comisión le recomendaría al gobierno abrir un concurso público de soluciones, dotado con un premio en metálico, de doscientos millones de pesos, suma que podría aportar fácilmente el alcalde de Medellín; concurso en el que podrían participar los presos, pues este “es un momento de mucha … creatividad”, como nos lo recuerda el Santo Padre y, como es obvio, las propuestas las evaluaría la dicha comisión de expertos.

El señor fiscal, de quien tengo muy buen concepto, si mal no le entendí, no sabe cuántos presos hay en Colombia que pueda liberarse sin peligro social, ni como están clasificados y por ello lo primero que debe hacer el gobierno o la comisión sería ordenar un diagnóstico urgente y detallado de todas las cárceles que funcionan en el país. Ordenar que se adelante una investigación seria e independiente que conteste entre otros los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el estado de las cerca de 140 cárceles que hay en el Colombia? ¿Cuántos presos hay realmente en cada una de ellas?; ¿Cuántos de esos presos son están condenados por sentencia judicial ejecutoriada? y ¿Cuántas personas están privadas de su libertad, porque sobre ellas pesa una medida de detención preventiva o de aseguramiento?; ¿Cuántos presos hay realmente en cada una de esas instituciones? ¿Cuántos presos hay en las estaciones de policía? ¿Cuántos están enfermos y de qué lo están?; ¿Por cuáles delitos fueron privados de su libertad o condenados? Y, ahora bien, en cuanto a los presos es necesario establecer ¿Es o no un preso peligroso? ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Cuáles de ellos deberían estar por fuera de la prisión o en régimen de semi internado?; ¿Cuáles de ellos, en una emergencia sanitaria podrían excarcelarse?; ¿Cuál es el presupuesto de cada establecimiento?; ¿Cuál es el costo diario por interno? ¿Cuál es el porcentaje de hacinamiento en cada una de las cárceles? ¿Cuáles son las principales carencias de los presos? ¿Cuáles son las quejas de los internos ─sin consignar sus nombres en el informe─?; ente otros interrogantes, pues las redes están inundadas de denuncias gravísimas. Este diagnóstico debe entregársele al gobierno con fotografías y con recomendaciones, por parte de los investigadores, sobre las órdenes puntuales que el gobierno, les podría impartir a los directores de los distintos centros carcelarios. El Gobierno necesita información veraz y confiable para poder decidir y como, gracias a Dios, no vivimos en China ni en Cuba, ese informe debe publicarse y mantenerse actualizado, para quien lo quiera consultar.

Esa investigación podría ser adelantada, en un lapso no mayor de dos (2) meses, por todas las universidades colombianas, la defensoría del pueblo y las personerías, quienes entre ellas podríandiseñar los cuestionarios, ello bajo el liderazgo, por ejemplo, de la Universidad Nacional. Las universidades deben contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales y ayudar a confeccionar un proyecto de política criminal, en aras de evitar que se sigan vulnerando de manera tan afrentosa y criminal los derechos humanos en las cárceles colombianas, todo ello frente a la mirada indolente del Estado y de todas sus autoridades.

Teniendo en cuenta que la construcción de penitenciarias para internar a los condenados es responsabilidad del Estado y que la construcción de cárceles para detener preventivamente a los investigados, a los procesados y aun a los capturados en flagrancia, es responsabilidad de los alcaldes, serian dos, pues, los problemas carcelarios a resolver por la comisión, cuya integración se propone: A) la situación de los presos condenados por una sentencia judicial, quienes al parecer superan, a la fecha los 84.000 y B) la situación de los presos por haberlo ordenado así una providencia judicial (auto) que hubiere decretado su detención preventiva (medida de aseguramiento), quienes al parecer superan, a la fecha, los 40.000.

Las soluciones que yo le propondría a esa comisión, para que las que estudiara, parten del principio de que a los presos hay que permitirles, facilitarles y a muchos, enseñarles a trabajar, pues el trabajo es un derecho y una obligación social, de rango constitucional. “ARTÍCULO  25. El trabajo es un derecho y una OBLIGACIÓN SOCIAL y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. TODA PERSONA… ─ los presos incluidos ─ …TIENE DERECHO A UN TRABAJO en condiciones dignas y justas.” (Mayúsculas, negrilla y subrayas fuera de Texto)

Para la primera situación, la de los condenados estoy de acuerdo con el señor fiscal y con el señor contralor, en que deben utilizarse los inmuebles de la SAE, para resolver el problema de hacinamiento,  pero de manera temporal; porque lo que hay que hacer, señor fiscal, es  meterle mano a la muy ineficiente, arrogante y abusiva, por decir lo menos, Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, que tanto daño le hace a la gente buena y  expedir  una ley que faculte al Estado para vender los bienes puestos por fuera del comercio, cómo se hace en los Estados Unidos, para impedir que el tiempo los destruya por las criminales desidia y corrupción de quienes los mal administran y con esos recursos construir o mejorar el sistema carcelario.

La comisión debería estudiar, también, la posibilidad de construir algunas prisiones agrícolas en Araracuara, Acacias, Tumaco, Sumapaz y en las costas, como empresas privadas o si se quiere como cárceles auto sostenibles, para la siembra de frutas y vegetales para el consumo interno y la exportación, tales como: café, aguacates, guanábanas, mangos, cebollas, tomates, etc. y aún permitir el funcionamiento de granjas avícolas, marraneras, centros de capacitación agrícola. Las que funcionaron fueron muy exitosas. Las prisiones privadas están de moda en el mundo y tienen la ventaja de que sus costos son mucho menores que los oficiales, generalmente inflados. Más de un centenar de grandes industrias de los Estados Unidos están vinculadas a las cárceles. Copiemos lo bueno no lo malo.

Consecuencialmente, debería, esa comisión, estudiar igualmente si se debe o no introducir en la próxima reforma tributaria una norma que les permita a los industriales y comerciantes, colombianos o extranjeros, descontar del monto del impuesto sobre la renta, hasta el 30% de las inversiones, certificadas por el ente que reemplace al INPEC, que realicen para la construcción de cárceles privadas o de puestos de trabajo para los reclusos o para comercializar los bienes que estos produzcan, en vez de imponer tantos impuestos regresivos. No creo que los colombianos inviertan en nuestras cárceles, pero los extranjeros, con ese incentivo, vendrán y así tendremos prisiones autos sostenibles y aliviaremos la situación de las familias de los condenados. Se podría contratar la administración de estas cárceles privadas únicamente con organizaciones no gubernamentales.

La Basílica Metropolitana de Medellín y las calles de esta bella villa fueron construidas hace ya más de 100 años por nuestros presos. ¿Por qué no vincularlos entonces, con las seguridades de caso, a la construcción de viviendas de interés social? Podrían empezar por construir un barrio para familiares de presos de escasos recursos o aun establecimientos carcelarios que son deficitarios, lo que de paso les serviría para que rediman sus penas con trabajo. ¿Por qué no montar, en las cárceles industrias panificadoras para distribuir el producto, a precios cercanos al costo, en los barrios populares? ¿Por qué no ponerlos trabajar en los comedores populares que tan exitosamente promovió la doctora María Emma Mejía Vélez, en Medellín y que algún gobierno espantoso luchó para que desaparecieran con el multimillonario capital en dólares, conseguido por aquella en el exterior? ¿Qué productos médico quirúrgicos podrían producirse en las cárceles para beneficio de los más pobres? ¿Por qué no montar una industria textil que elabore los uniformes para el ejército y la Policía? ¿Por qué no permitir que sean los mismos presos los que se preparen sus propios alimentos y eliminar las cadenas de corrupción que los producen?

Batallones de Sanidad. – ¿Por qué no crear unos batallones de sanidad militar con presos de menos peligrosidad, vestidos con uniformes amarillos, para que limpien las aceras, lo tubos metálicos, las paredes, los baños públicos, por higiene o para combatir la pandemia? Así se podrían excarcelar más dos mil presos.

Prisión domiciliaria.-. A quienes no estén condenados por homicidio, acceso carnal, terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión o hurto agravado, siempre y cuando se sometan a que les inserte un mecanismo electrónico de vigilancia satelital y lo paguen.

Como bien lo anota la doctora Elda Patricia Correa, docente de la maestría en derecho penal de la Universidad de Medellín, “…no estamos proponiendo regresar al arcaico sistema de trabajos forzados, todo lo contrario, se trata de un trabajo decoroso, dignificante y remunerado de conformidad con la Ley. Con el trabajo del personal interno no solo se trata de facilitar la redención de la pena, sino de otorgarle al condenado acceso a otra serie de derechos cuyo ejercicio no lo cercena la imposición de dicha sanción privativa de la libertad; nos referimos, por ejemplo, al derecho a obtener una remuneración digna que le permita al condenado cotizar para obtener una jubilación o una compensación al cumplir la edad y el tiempo de servicio, a cubrir su seguridad en salud, tanto para el mismo interno como para su núcleo familiar e incluso para obtener recursos para garantizar el pago efectivo de las indemnizaciones a las víctimas y de las multas impuestas, las cuales se convierten, en no pocos casos, en letra muerta o en deudas irrecuperables para el Estado; remuneración que también, en lo posible, debiera contribuir en parte con la manutención del mismo interno, bajo el modelo de cárceles auto sostenibles y de propiciarle un ahorro al condenado, para que, cuando salga en libertad, cuente con unos recursos que le permitan sortear el proceso de reinserción social y eventualmente al preventivamente detenido, para que pueda honrar, entre otras, sus obligaciones alimentarias”

No podemos seguir promulgando en el papel que la pena fue impuesta, entre otras finalidades para resocializar y, después de años de encierro improductivo, regresar a la sociedad a hombres y mujeres embrutecidos y degradados por el ocio y el maltrato, pues la posibilidad de su reincidencia sería muy alta”

Se les olvida acaso, a quienes nos gobiernan, que la pena que se le impone a cualquier delincuente no es una venganza del Estado en beneficio de las víctimas y que ésta, la pena, además de pretender ser la condigna sanción  por la violación de la Ley y un factor disuasivo para que otros se abstengan de delinquir, lo que en el fondo persigue es resocializar a esos delincuentes, enseñándoles un arte o un oficio o una profesión liberal  cualquiera y convertirlos así en un buenos elementos para la sociedad, pero nuestras corruptas autoridades prefieren convertir nuestras cárceles en depósitos vergonzosos de cuerpos maltratados y humillados, en verdaderas universidades del crimen,  al servicio de la  delincuencia, al punto que, en el lenguaje del hampa, lamentablemente, la cárcel se conoce como la Universidad.

Para la segunda situación, la de los detenidos preventivamente debería estudiarse la posibilidad de que los municipios construyeran establecimientos carcelarios, para alojar a los detenidos preventivamenteúnicamente. Por ejemplo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, integrada, hasta donde me alcanza, por los municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas, Bello, Copacabana, Girardotay Barbosa, con la colaboración de la Gobernación de Antioquia, del gobierno nacional y del sector privado, debería emprender la construcción de una mega cárcel, en Medellín o en cualquier otro municipio del área metropolitana. Centro carcelario en el que quienes allí se encuentren recluidos puedan estudiar y trabajar e ir redimiendo sus penas por si se le condena. Esa mega prisión debe ser un proyecto mixto (público – privado) en el que no se debe permitir ni un sobrecupo siquiera y en sus alrededores deberían funcionar talleres de mecánica, de electricidad, de costura, zapaterías, heladerías, restaurantes, panaderías, granja avícola, marraneras, centros de capacitación del SENA  o de cualquier otra entidad de educación técnica y por fuera de sus instalaciones almacenes de venta al público, para posibilitar que los reclusos puedan trabajar, estudiar y ganarse un salario digno.

Seguro carcelario- Es más, teniendo en cuenta que por mandato constitucional debe presumirse la inocencia de los detenidos preventivamente, sería partidario de que estos puedan gozar de una prisión privada.  Por qué no construyen el sector privado o el mismo Estado, en asoció eventualmente con compañías de seguros, una prisión digna y se permite que los ciudadanos puedan comprar un seguro por si llegan a caer en una cárcel. El seguro les garantizaría únicamente, por lo menos, hasta el día en que la sentencia condenatoria quede ejecutoriada, un cuarto, un baño limpio, salud, recreación, estudio y comida decente, recordemos las casa cárceles para conductores que funcionaron años atrás en el país.

No sobre decir que, la Fiscalía General de la Nación, tiene un gran campo de investigación en los funcionarios públicos que, de manera grave y maliciosa, de mala fe, vienen omitiendo sus deberes constitucionales y legales, los  de garantizarles a las personas privadas de la libertad los demás derechos de los que la pena no los priva, como sus derechos a la salud, a la alimentación, a una habitación y a un baño limpios, a trabajar,  a estudiar, a rehabilitarse, funcionarios entre los que destaco a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, que si bien es cierto no son los únicos responsables, al actuar como indolentes jueces de mármol, incumplen las obligaciones de “…Garantizar la legalidad de la ejecución de la sanción; verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad; velar porque jurídicamente se verifiquen los elementos integrantes de la ejecución de la pena; hacer seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno…”, lo que podría hacerlos responder por clarísimos prevaricatos por omisión y a esas investigaciones penales habría que sumar a los funcionarios administrativos, directores del INPEC, ministros, vice ministros, muchos de ellos enunciados al comienzo del presente artículo.

Ideas hay miles, lo que falta es voluntad y honestidad, lo que sobra es corrupción y politiquería y por ello es urgente sacar adelante una reforma a la justicia, sin la intervención de quienes las tienen postrada, pues solo buscan su beneficio personal.