Es un hecho que el tres de julio del 2014, hace ya 4 años y 7 meses, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro de agricultura Andrés Felipe Arias Leiva a 17 años y 5 meses de prisión, a pagar una multa de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000)m/l, a la vez que lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, por haberlo hallado “culpable” de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, todo ello en desarrollo del programa gubernamental de créditos agroindustriales denominado Agro Ingreso Seguro (AIS), del cual se beneficiaron, entre otros colombianos, algunas familias adineradas del País.
El exministro, un alfil del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, se defendió diciendo que lo que él hizo lo hicieron otros ex ministros de agricultura e igualmente alegó que se le negó su derecho constitucional a impugnar esa sentencia condenatoria, derecho que le concede, como a los demás colombianos, el artículo 29 constitucional.
Muchos colombianos de bien, expertos en el tema, le dieron la razón al condenado. (Lea la columna).
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