Admiten demanda contra investidura de tres congresistas por conflicto de intereses

·         En legislación sobre impuestos saludables.

• En el Consejo de Estado fue aceptada la demanda de pérdida de investidura de Adriana Arbeláez, Jairo Cristo y Carlos Abraham Jiménez por vulnerar el régimen de conflicto de interés durante el debate y votación de una proposición en la discusión del Presupuesto General de la Nación.

En una decisión trascendental, el Consejo de Estado ha aceptado las demandas de pérdida de investidura presentadas por la Abogada Yessika Hoyos, presidente del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), contra tres congresistas del partido Cambio Radical.

Adriana Carolina Arbeláez, Jairo Humberto Cristo y Carlos Abraham Jiménez enfrentan ahora una acción legal por presuntos conflictos de interés durante la votación del Presupuesto General de la Nación en octubre de 2023.

La controversia surge en torno a una votación crucial que tuvo lugar el 18 de octubre de 2023, donde se propuso aplazar la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, justo en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación.

Según las alegaciones de Yessika Hoyos, los congresistas en cuestión participaron en la votación de esta propuesta sin revelar la financiación recibida en sus campañas electorales, lo que podría constituir un conflicto de interés.

Carlos Abraham Jiménez (foto), beneficiario de aportes significativos por parte de Bavaria y Postobón, intervino en la suscripción de la proposición que buscaba dilatar la entrada en vigencia de la medida, en defensa de los intereses de estas corporaciones durante el debate.

Por su parte, Adriana Arbeláez (foto) y Jairo Humberto Cristo (foto), también beneficiarios de donaciones de las mismas compañías, votaron a favor del aplazamiento sin notificar al Congreso sobre estos vínculos financieros con las empresas que se verían afectadas por esta iniciativa.

Estas demandas son presentadas en el marco de la defensa de derechos colectivos impulsada por el Cajar, que busca proteger los derechos a la salud y a la alimentación en Colombia.