Creencias y valores limitan la razón 

Por Claudia Posada (foto) 

Pensar con racionalidad y resolver con la consecuente lógica, es absolutamente escaso en el recinto en donde se aprueban o se rechazan las leyes que nos rigen en Colombia. Jugar con las emociones y los sentimientos ciudadanos que las mueven, es la apuesta permanente de la clase política instalada en las curules de Cámara y Senado. Y diría uno que de pronto no se trata de mala fe disimulada al esgrimir principios y valores morales, pero sí, es parte del mismo juego maquiavélico que enreda a incautos ciudadanos quienes, por lo demás, se contentan con encontrar en redes sociales las respuestas a cualquiera de sus inquietudes. ¡Y les creen! 

Ejemplos hay muchos, tan sonados como la Reforma al Sistema de Salud, o los relacionadas con las leyes tributarias, agraria y laboral; pero enfoquémonos en la “marihuanización” de Colombia, término con el que la Senadora María Fernanda Cabal calificó el proyecto de regulación del cannabis de uso adulto aprobado en tercer debate por la Comisión Primera del Senado.  María José Pizarro, Senadora del Pacto Histórico, insiste, por su parte, en hacer ver cómo desde hace unos treinta años el consumo de la marihuana es legal, pero es imperativo regular su comercialización “para quitarle ese negocio al crimen organizado”, justificación lógica y de sentido común en el país del perverso narcotráfico. Pero es que hay una mayoría de legisladores que, parece, no se guían por lo que la racionalidad evidencia a la luz de lo demostrado científicamente -como en este caso- en cuanto al tema del cannabis medicinal, por un lado, y por otro, los argumentos de tantos expertos que han estudiado desde la razón, el asunto de su comercialización ilegal.  

Ante el pronunciamiento de la señora Cabal, hubo respuestas como la del Representante Juan Carlos Losada: “Nadie ha propuesto la ‘marihuanización’ de Colombia. Hay que darle altura al debate, senadora. En Colombia es legal consumir marihuana hace 30 años”. Igual otros opositores del proyecto expusieron su pensamiento, aunque definitivamente no precisan argumentos sólidos y objetivos sino como tantos otros, acomodados a intereses inadmisibles que mejor ponerlos en duda entre tanto se demuestre lo contrario. Lo cierto es que, como lo aseguró el Representante Lozada, la comercialización ilegal de la marihuana les sirve a las mafias que no se han podido controlar tal cual lo demuestra la fracasada guerra contra las drogas. “Es hora de regular” es lo que dijo el Representante, de ahí que lo percibimos, al igual que a la Senadora Pizarro, actuando con lógica.  

Desde 1994 está permitida la posesión y el uso personal de marihuana y el cultivo de hasta 20 plantas. En 2012 la ley estableció que cualquier persona atrapada con 20 gramos de marihuana o menos no sería procesada, y dependiendo de la «influencia de la droga» se precisan mecanismos de asistencia. Para entender estas disposiciones habría que leer e interpretar juiciosamente toda la normatividad al respecto, lo que uno esperaría de los legisladores. Según lo dispuesto en el Decreto 811 de 2021 y con la expedición de la Resolución 227 de 2022, se establecieron en Colombia las normas para el uso industrial del componente vegetal de la planta de cannabis (hojas, tallos o granos) y derivados no psicoactivos. Al establecer los requisitos de licencias y cupos, así como el uso de los componentes de la planta de cannabis y sus derivados está legalizado uno de los componentes del asunto. Pero, por otra parte, está el de la comercialización ilegal de la marihuana; este no es un asunto menor, por lo que quisiéramos que, para los debates en los distintos espacios del Congreso, los legisladores se prepararan profundamente. El proyecto de regulación del cannabis de uso adulto, y la comercialización ilegal de la marihuana van de la mano, por lo que deberían ser extremadamente analizados, despojarse de los prejuicios tan perjudiciales al debate, objetivo de un problema gravísimo que nos azota en Colombia: El narcotráfico.  

Pareciera que la superficialidad con la que los legisladores asumen los proyectos de ley en sus manos, les impide dimensionar lo que racionalmente deberían decidir. Afirman estudiosos de gran renombre, que en ciertos individuos la toma decisión más racional, se encuentra limitada por sus capacidades, o por sus creencias y valores.